Sergio Sarmiento

Segalmex no es el único caso de corrupción del sexenio, aunque sí, quizá, el de mayor envergadura.

Nos dicen que con la reforma la justicia se volverá pronta y expedita, pero la propuesta no ofrece ninguna razón para pensarlo.

En otros países la propiedad es un derecho, en México una simple concesión del gobierno.

López Obrador ofreció uno de sus tradicionales desplantes populistas el 1 de septiembre al pedir en el Zócalo una consulta a mano alzada sobre la reforma judicial.

¡Qué bonito sería vivir en ese País que describe el Presidente!, un País de prosperidad y felicidad en el que “se ha demostrado que, por el bien de todos, primero los pobres”

Ya nomás nos falta un tercero para la mayoría calificada.

El término “pausa” no existe en el lenguaje diplomático. Es una ocurrencia más del Presidente.

Ya los morenistas no pueden seguir diciendo que la reforma judicial “es un mandato del pueblo”.

Ninguna de las acusaciones de AMLO sobre los presuntos actos de corrupción de los jueces ha sido respaldada por pruebas.

Son tan graves los males de la justicia de nuestro país que habría que aplaudir la decisión del Presidente de lanzar una iniciativa de reforma judicial.

López Obrador ha ejercido el poder con mayor discrecionalidad que cualquier presidente desde José López Portillo. No solo ha dominado el Ejecutivo, sino que ha tenido mayorías absolutas en el Congreso.

En realidad, hay que temer a la posible extinción de la democracia con la eliminación de un Poder Judicial autónomo.

Solo una interpretación sesgada del artículo 54 de la Constitución puede dar a los partidos del gobierno la mayoría calificada que quieren en la Cámara de Diputados.

Los hacendosos legisladores oficialistas han estado trabajando con ahínco en los dictámenes de las iniciativas que surgieron de la fiebre de ocurrencias de AMLO del 5 de febrero.