Ex servidores públicos de Sonora podrían enfrentar demandas penales por irregularidades

Por el avance que llevan las auditorías especiales que inició la secretaría de la Contraloría General, en 17 dependencias estatales, los ex servidores públicos de la anterior administración podrían enfrentar procesos penales, reveló Guillermo Noriega.

El contralor informó en conferencia de prensa, que se han encontrado hallazgos para iniciar procesos penales, pero evitó dar nombres y cargos para no entorpecer las investigaciones.

Apuntó que se han realizado auditorías especiales en las secretarías de Infraestructura Sidur por el otorgamiento de permisos eventuales de transporte en el periodo de septiembre de 2015 a septiembre de 2021, la cual al terminar derivó la solicitud de investigación por existir posibles irregularidades a la propia Contraloría.

También, mencionó, se está auditando a la Comisión de Vivienda por las transmisiones de propiedades a título gratuito realizado en el sexenio anterior y al registrar un 98% de avance ya se trabaja en la integración de un expediente de investigación al encontrar elementos.

Apuntó que en la secretaría de Gobierno se realizó auditoría por las 32 patentes de notarías otorgadas en los 6 años de la administración y aunque aún no termina, ya hay dos solicitudes de investigación, mientras que en Telemax encontraron 2 presuntas irregularidades.

REVELAN CIFRA TOTAL DE REVISIONES

Del 13 de septiembre de 2021 al 18 de enero de 2021, la Contraloría General del Estado de Sonora ha iniciado 17 auditorías especiales, trece de obras públicas y 142 directas, lo que da un total de 172.

El inventario de expedientes en las áreas de investigación de la Contraloría, subrayó Guillermo Noriega Esparza, suman 138 de las cuales 81 corresponden a la administración anterior y el resto a la actual, mientras que en los Órganos Internos de Control hay 2 mil 631, 701 anteriores y mil 930 de este gobierno.

El contralor destacó que hay delitos de corrupción como el ejercicio indebido o abandono del servicio público y la coalición que prescriben en un período de entre 7 meses y 15 días y 1 año con un mes y 15 días y su penalidad es de 3 meses a 2 años.