Mala fe de la ASF

A decir de fuentes cercanas al Gobierno federal, ya se esperaba una descalificación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La tenían presupuestada debido a que esa instancia fiscalizadora sigue en manos de prianistas desde hace años, incluso décadas. Lo que sorprendió fue que salieran con señalamientos tan burdos e insostenibles. La auditoría cubrió varios aspectos del ejercicio del 2019, pero la atención mediática, en particular de los comentócratas opositores a la 4T, se centró en el supuesto sobrecosto derivado de la cancelación del NAIM: Más de 330 mil millones de pesos, alrededor de 240% más que el monto estimado por la Federación.

Más rápido de lo que canta un gallo los detractores se dieron vuelo haciendo comparaciones con la colosal cifra: Que el monto es mayor que la suma de las corruptelas cometidas en más de 70 años de gobiernos priistas y doce de panistas; del baúl de los recuerdos volvieron a sacar datos y más datos que a su juicio evidenciaban el daño causado a la economía con tan terrible decisión. Debe aceptarse que la comentocracia y periódicos nacionales antagonistas a AMLO están en lo suyo; se entiende su actitud frente al Gobierno morenista especialmente porque están sufriendo una contracción significativa de sus ingresos dado el fuerte recorte que la Federación hiciera en el gasto en comunicación que antes incluía compensaciones a periodistas, reporteros y líderes de opinión.

Lo que no se entiende es la presentación tan descuidada de los resultados de la auditoria a la Cuenta Pública 2019 realizada por la ASF. Estaba realmente inflada la cifra de estimación de los costos que supuso la cancelación del NAIM. Un par de días después de que se dieran a conocer esos cálculos, el auditor Especial de Desempeño, encargado de la auditoría financiera del aeropuerto, circuló en las redes sociales un escrito donde reconocía que el dato era impreciso y aclaraba que el error se debió a problemas metodológicos que tendrán que revisarse. Aceptaba, por lo pronto, que el costo calculado era significativamente menor.

¿Pero de qué se trata un error de esta naturaleza ?¿Cómo pudo manejarse con tanta negligencia un tema tan serio que obviamente atraería la atención ciudadana, la de los partidos políticos y por supuesto de periodistas y comentaristas? ¿No se supone que los auditores son profesionales con probada seriedad y experiencia en esos menesteres? ¿Cómo entender un error tan básico como el de haber sumado pasivos siendo que se neutralizan automáticamente con su correspondiente activo? No pareciera otra cosa que una pifia deliberada que serviría como pretexto para un ataque sincronizado de casi todos, por no decir todos, los opositores a la 4T. Se supone que esos altos funcionarios tienen consciencia de que lo que digan o escondan en esos informes es material que puede usarse para denostar o encumbrar una administración. ¿No advertirían que la polarización que registra el País se agudiza si se descuida el manejo de información proveniente de fuentes responsables y serias? ¿Será que los auditores de desempeño comandados por Caso Raphael como auditor especial y por David Colmenares Páramo, en su papel de auditor general, actuaron de mala fe, como lo insinuó el secretario de Hacienda Arturo Herrera? ¿Actuaron conscientes del impacto que provocaría la ligereza de sus conclusiones? Todo esto debe investigarse para beneficio de la credibilidad de ese importante órgano fiscalizador.

Columnas

CERRO DE LA CAMPANA

Comentaba un colega que trabaja en una dependencia federal que las auditorías practicadas por la ASF son terribles y temibles. Suelen hacer múltiples y sorprendentes observaciones, muchas de difícil o en ocasiones imposible aclaración. Las dependencias auditadas se perciben amenazadas y sin capacidad para solventar las observaciones. Pero justo cuando una sanción parece inminente, suele surgir una sutil recomendación desde los propios involucrados en la auditoría, de acudir aun despacho de especialistas, cuyos servicios resuelven con diligencia los apercibimientos planteados por los auditores, con un acuerdo conveniente de honorarios por el salvavidas que impidió la sanción, que seguramente resultaría mucho más costosa. Aquí, como en muchas áreas de la administración pública, algo huele mal.

Alvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.