La economía en el conflicto político

Los pronósticos son ominosos. Algunas consultoras señalan que la economía nacional podría registrar una caída de dos dígitos. Frente a ese panorama, no han faltado las voces que exigen acciones del tamaño de ese derrumbe. Destacan los reclamos provenientes de los sindicatos empresariales que por todos los medios se encargan de reiterar, a veces hasta el chantaje, la necesidad de proteger a las empresas y los empleos. Quieren exenciones de impuestos o, en el mejor de los casos, que se difiriera la declaración anual; quieren créditos a tasas preferenciales y quieren que todo el presupuesto se centre en la protección del tejido productivo. Con ese mismo tono demandan la cancelación de las obras de infraestructura: El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.

Como la respuesta federal ha sido distinta, han insinuado que el Gobierno está pasmado, rebasado. Señalan que no sabe qué hacer y que esa parsimonia propiciará un derrumbe mayor de la economía. Ayer el Presidente anunció nuevas medidas que intentan paliar los efectos económicos de la pandemia; destaca la enésima reducción del gasto corriente vía la eliminación de varias subsecretarías y ajustes a las percepciones de los altos funcionarios, a fin de canalizar esos ahorros a los programas sociales y continuar con las obras de infraestructura referidas. Es decir, exactamente lo contrario de lo que esperarían las cúpulas empresariales y algunos expertos en macroeconomía.

La idea de que hay una especie de parálisis en materia económica ha motivado que otros niveles de Gobierno empujen sus propios planes de reactivación. Los anuncian como acciones vistosas pero que en los hechos serán poco efectivas. En realidad, las autoridades regionales, estatales y municipales, poco pueden hacer para amortiguar la desaceleración, especialmente porque no disponen de instrumentos de política económica que permitan influir sobre las principales variables macroeconómicas.

En ese sentido, llama poderosamente la atención la forma en que los gobiernos locales se esfuerzan en subrayar que están a punto de anunciar acciones para mitigar la crisis. Vale preguntarse: ¿Cuáles serían esas medidas? ¿Estarán alineadas a las acciones emprendidas por la Federación?

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CERRO DE LA CAMPANA

Es probable que se trate de medidas como el redimensionamiento de la burocracia y la reducción de direcciones y programas no prioritarios. Es lo que está haciendo la Federación y esta estrategia, se colige, ha permitido ahorros que luego son dirigidos a apoyos de la población vulnerable.

El Gobierno federal anunció igualmente la suspensión del aguinaldo y otras prestaciones para los funcionarios de niveles altos ¿esto lo replicarán las autoridades locales? ¿reducirán el gasto innecesario como el destinado a la promoción gubernamental? Si no son éstas las medidas, es difícil entonces adelantar cuáles serían pues en materia económica, como se indicó, poco pueden hacer los gobiernos sub regionales en el corto plazo.

En días pasados en el Congreso estatal se celebró un debate en torno al presupuesto; la discusión iba dirigida a conseguir fondos para respaldar los esfuerzos del sector salud en la entidad. Parte de la discusión incluía una eventual redistribución del crédito aprobado por los diputados en diciembre pasado. Resultaba extraña la polémica si se toma en cuenta que dicho préstamo estaba etiquetado en buena parte para aliviar la precaria situación del sector salud en Sonora. Ahora bien, tampoco hay mucha transparencia sobre cómo se aplicó el recurso recibido por la venta del Héctor Espino. Lo peor es que en ese debate no se consideró la propuesta de Morena que precisamente planteaba la reasignación de dos mil millones de pesos para apoyar la economía y mejorar las condiciones para enfrentar la crisis sanitaria.

Las causas de la gente

Hoy por hoy el común denominador de la disputa pública es la participación de la gente en los asuntos que le competen. Ahí está la movilización que surgió para oponerse a la subasta del cárcamo en Hermosillo y también la que consiguió neutralizar la, a todas luces desaseada, reforma que en materia electoral pretendían los legisladores del Prian. Moraleja: La gente está atenta y dispuesta a manifestarse por causas justas.