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Columnas Mirón y Cía

Cerro de la Campana

El acercamiento con autoridades federales que tuvieron miembros de la etnia Yaqui parece que ayudó a evitar un nuevo cierre total de la Cuatro Carriles a la altura de Vícam como el que se realizó el jueves y tuvo impacto nacional, pero el problema continúa.

Por Cerro de la Campana

El acercamiento con autoridades federales que tuvieron miembros de la etnia Yaqui parece que ayudó a evitar un nuevo cierre total de la Cuatro Carriles a la altura de Vícam como el que se realizó el jueves y tuvo impacto nacional, pero el problema continúa.

Lo que se veía con preocupación ayer es que, aunque en la carretera federal México 15 sólo hubo cierres intermitentes, la vía del tren en esa región del Sur de Sonora sigue obstaculizada por un montículo de tierra colocado en Estación Corral.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano expuso que entiende las demandas de la comunidad Yaqui, pero este asunto está en manos de la Federación, lo que confirmó el delegado del Bienestar, Jorge Taddei Bringas, quien asegura que ya están atendiendo el caso.

Las exigencias de los yaquis son sobre su derecho al uso del agua, los servicios básicos y la lucha por su territorio, pero también porque no les pareció la propuesta para la construcción de un Acuaférico Tramo Oriente para Hermosillo que, por cierto, fue parado en el Congreso del Estado por considerar que no había condiciones para analizarlo.

El jueves fue crítico para la Cuatro Carriles en el Sur de Sonora “estrangulada” en dos puntos, Vícam y el parador turístico Danzante Yaqui, por lo que ese mismo día se dio un encuentro entre los yaquis y representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a decir de Juan Luis Matus, miembro de la etnia.

Ante las demandas añejas de este pueblo originario y la necesidad de mantener libres las vías de comunicación, los empresarios de la entidad están a la expectativa de que en la visita presidencial se logre el diálogo y los yaquis también esperan solución a sus demandas.

En Ciudad Obregón estuvo ayer el director general del IMSS, Zoé Robledo, para supervisar un módulo temporal de atención a pacientes Covid-19, de 38 camas; ahí lo acompañó la gobernadora Claudia Pavlovich.

Esta visita forma parte de los recorridos que hace el funcionario federal para revisar las ampliaciones a la infraestructura hospitalaria que se hacen por la pandemia, que ayer colocó a México en el sexto lugar mundial por el número de casos, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, al desplazar a Perú.

El evento de Zoé Robledo fue sin acceso a prensa y con un grupo compacto de asistentes.

Quienes buscaron acercarse a Robledo fueron los padres de niños con cáncer que son pacientes del IMSS, pero sólo estuvieron en una manifestación afuera de las instalaciones donde estuvo y le pidieron una solución al desabasto de medicamentos que sufren.

El caso Lozoya toma fuerza en la escena nacional porque a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador en las primeras declaraciones ya se han mencionado nombres de los presuntos sobornos.

Por lo que ha trascendido, el “salpicadero” alcanza a los más altos funcionarios del sexenio pasado y a políticos de diversos partidos políticos, quienes ya han empezado a defenderse como el PAN con su dirigente nacional, Marko Cortés, o los diputados perredistas.

Se trata de una investigación sobre corrupción alrededor del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que tiene todos los ojos encima por la seriedad con que se realice, pero sobre todo, las consecuencias que conlleva ya que tiene en la mira por primera vez a un ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

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