Columnas Nuevo fiscal: El debate que viene

Espacio Público

Por Juan Carlos Zúñiga

Con las renuncias de Rodolfo Montes de Oca Mena y de Adolfo García Morales a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente, los ojos de todos estarán puestos en el Congreso del Estado y en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Y es que el nombramiento de fiscal general pasará por los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; en tanto, el sustituto o sustituta de García Morales por el órgano ciudadano y por la Gobernadora del Estado. Los procesos no serán nada fáciles por la nueva composición del Congreso, en donde el primer tema controversial (los nombramientos de los nuevos funcionarios de confianza) provocó que la mayoría compuesta por la suma de los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia se resquebrajara. Y en el caso del Consejo Ciudadano, por el antecedente de 2017 de haber nombrado fiscales Anticorrupción y de Delitos Electorales bajo un proceso poco transparente y desaseado. El artículo 98 de la Constitución de Sonora define el mecanismo por el cual se debe nombrar fiscal general, con una duración en el cargo de nueve años. Se lo explico: -A partir de la ausencia definitiva del fiscal general, el Congreso tiene 20 días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Comité Ciudadano de Seguridad Pública. -El Comité Ciudadano contará con 10 días para validar la lista de candidatos o, en su caso, remitir sus observaciones al Congreso para que éste proceda a formular una nueva propuesta dentro del mismo plazo referido en el párrafo anterior respecto de los candidatos que no hayan sido validados. -Una vez que el Comité Ciudadano valide la lista propuesta por el Congreso del Estado la remitirá a la Gobernadora del Estado. -Si la Gobernadora no recibe la lista en el plazo de 30 días a partir de la ausencia definitiva del fiscal general, enviará libremente al Congreso una terna y designará provisionalmente al fiscal general, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva. En este caso, el fiscal general designado podrá formar parte de la terna. -Una vez que el Ejecutivo reciba la lista validada por el Comité Ciudadano, dentro de los 10 días siguientes formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado. -El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general de Justicia con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días. -En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna, el Congreso tendrá 10 días para designar al fiscal general de entre los candidatos validados por el Comité Ciudadano. -Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. En el caso del titular de la Secretaría de Seguridad Pública el proceso es menos engorroso, pues el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública le propone a la Gobernadora una terna de la cual elegirá al nuevo responsable. Ahora bien, el Consejo Ciudadano está formado por 18 personas (nueve titulares y nueve suplentes), los titulares son: Óscar López Vucovich, Servando Carbajal Ruiz, Jorge Cons Figueroa (presidente del órgano), José Germán Coppel Luken, Juan Carlos Solís López, Jesús Gámez García, Jose Antonio Díaz Quintanar, Cecilia Bours Martinez y Francisco Díaz Brown. En tanto, los suplentes son: Armando Barajas, Saúl Rojo Valenzuela, Alberto F. Terveen Luna, Francisco Salazar Encinas, Octavio Sánchez Montaño, Silvestre Pérez González, Carlos Julián Andrade (finado), Arturo Díaz Monge y Mirna Rea Sánchez. Estos nombramientos se darán en el contexto de una escalada de violencia en la entidad. Esta semana, en Guaymas un comando armado ejecutó a cinco policías municipales e hirió a otros tres. En Hermosillo también fue asesinado un agente de Seguridad Pública. La capital de Sonora cerró septiembre con 31 homicidios y Cajeme con 52, convirtiéndose en el mes más sangriento del año. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Inegi, 67 de cada 100 sonorenses se sienten inseguros. Esperemos que tanto el Consejo Ciudadano como el Congreso del Estado estén a la altura de responder a esta coyuntura.

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