Columnas “….en los hechos….”

Criterio

Por Jesús Canale

Hace apenas siete meses el senador por Morena, Miguel Barbosa, se manifestó textualmente así: “Tiene que haber, a partir de la reforma constitucional, una ley de la Fiscalía General de la República, para que podamos, efectivamente, traducir en la ley la connotación de lo que es autonomía e independencia, para que haya efectivamente la transformación de procuraduría a un órgano constitucional autónomo”. Hace unos cuantos días López Obrador formalmente lo refutó, concretamente en el número cuatro de los 50 puntos que conforman su Plan de Anticorrupción y Austeridad y que literalmente dice así: “La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía…”. Al decir explícitamente “en los hechos” se refiere a que en la práctica así será pero no por estatuto jurídico alguno, es decir, no gracias a ninguna ley que así lo exija; es la típica acción “de facto” que se opone a la acción “de iure” (o “de jure”). El senador Barbosa, así como otros muchos senadores de otros partidos y del suyo mismo, exigían que la Constitución se modificase a fin de que el fiscal general de la República fuese real y jurídicamente autónomo desde su nombramiento y en todos sus movimientos de oficio, es decir, que no estuviese de alguna o de ninguna manera influido por designación directa o indirecta por el Presidente de la República a fin de que la fiscalía no corriera el riesgo de verse influida (contaminada) por ninguna interferencia presidencial. En un Estado de Derecho, cuando realmente se desea que algo funcione de una manera concreta -en este caso que la fiscalía sea autónoma e independiente- debe exigirse desde la ley y no sólo por la buena voluntad de nadie. Cuando el senador Barbosa dice “…traducir en la ley la connotación de autonomía e independencia…” se refiere explícitamente a que la Fiscalía General de la República se origine con autonomía desde un acto jurídico, legal, y no solamente por buenas intenciones. López Obrador ha planteado el asunto de otra manera pues en su propuesta contra la corrupción dice que tal fiscalía sólo será autónoma de hecho pero no de derecho, y esto no es suficiente, repito, en un Estado de Derecho, y mueve a sospechar que existe un cierto temor de que, o bien el nuevo fiscal pueda actuar sin acatar las “sugerencias” del Presidente de la República o bien que éste teme incluso ser fiscalizado por el nuevo fiscal. Ciertamente habrá países en los que la fiscalía general es un puesto concedido por el Presidente pero en otros no, y el asunto aquí es que en México la intención de contar ya con una fiscalía autónoma está planteada no sólo por un buen número de legisladores sino (y sobretodo) por un deseo tácito en el subconsciente colectivo expresado en instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y en múltiples expresiones en los medios y sin dejar de considerar que se trata prácticamente de una aclamación popular plenamente avalada por el sentido común y más especialmente en un País que políticamente está vivo y en plena evolución. López Obrador no ha explicado suficientemente por qué no acepta que la autonomía e independencia de la Fiscalía General esté de origen exigida en la ley, en nuestra Constitución. (Otro de los puntos que muchos ven con extrañeza de su plan de anticorrupción y austeridad es la prohibición de adquirir computadoras en el primer año de su Gobierno, así lo dice el punto número 10. Una computadora bien utilizada representa un ahorro de tiempo y de otros recursos y aumenta las probabilidades de un trabajo más eficiente, además no se trata de un artículo de lujo, especialmente si viene cargada con los programas realmente necesarios para su tarea y sin operaciones de tecnología lúdica; por si fuera poco, se pueden adquirir los componentes y armarse “al gusto” a bajo costo).

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