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Columnas Esperando el ataque de las avispas asesinas

Análisis sin Fronteras

Por Ana María Salazar

De nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó indirectamente la estrategia en contra del crimen organizado de Felipe Calderón, porque le “pegó un garrotazo a lo tonto al avispero”. Y recordó, en la mañanera, que por esa razón murieron “alrededor de 250 mil mexicanos”. Al igual que Enrique Peña Nieto, AMLO busca distanciarse de Calderón. A estas alturas, el Presidente, que tiene un reporte diario de la situación de seguridad en el País, debería de bajarle a las críticas al ex presidente Calderón. En los primeros dos años de la pasada administración, Peña también prometió “pacificar” al País y se rehusó hasta usar las palabras narcotráfico y crimen organizado. La solución al problema de la violencia serían los programas de prevención. Al final Peña, que recibió un País con números descendientes en homicidios, concluyó su gestión con un México con números históricos en homicidios. Posiciones muy similares a las que ahora promueve el presidente López Obrador. Analizando el sexenio de cuando se “declaró la guerra en contra del narcotráfico”, hay obviamente razones para criticar la estrategia del 2006 al 2012 para el combate de la violencia. Entre ellas, la falta de coordinación en el gabinete de seguridad y la legendaria animosidad y desconfianza entre los secretarios. Y aunque el presidente López Obrador asegure que no usará “la fuerza”, que terminó la “guerra contra el crimen organizado”, que no usará “el mal para combatir el mal”, y que en su administración se “pacificará” al País, queda la gran interrogante de cómo llevará a cabo estos objetivos. Hay un debate: La estrategia que implementará AMLO difiere a la de Calderón. Hay que aclarar que, en el caso del presidente López Obrador, hay una gran diferencia: Ahora sí las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tendrán el paraguas jurídico para llevar a cabo investigaciones, detenciones, y otras actividades que simple y llanamente no podían hacerse “legalmente” durante el sexenio de Calderón, aunque las Fuerzas Armadas ejercían esas funciones. Pero son muchas las desventajas que enfrenta AMLO para pacificar el País: La reestructuración completa del aparato de seguridad -incluyendo la implementación de reformas constitucionales-, que sucede en un momento de casi una crisis de violencia; las dificultades de implementación del nuevo sistema de justicia penal, y la atomización de las organizaciones criminales con capacidades bélicas que sobrepasan al Estado y el incremento del control territorial que ejercen estas. Además del lenguaje que usa el Presidente, que parecería señalar un temor de hacer uso de la fuerza, aun cuando se requiere. Y de esto, obviamente, no sólo toman nota las organizaciones criminales, sino los movimientos sociales que podrían usar las protestas y la violencia para presionar al Gobierno. La interrogante es: ¿Para qué crear un aparato como la Guardia Nacional si no hay intenciones de usarse en contra de las organizaciones más violentas del País? Hay otro dilema que tiene el Gobierno: Por más que se apresuren a implementar el nuevo aparato seguridad y justicia, quedan interrogantes sobre la capacidad de la Fiscalía General de la República y la rama judicial. La administración de justicia es banquillo de tres patas. La debilidad de una de estas instituciones resulta en una estrategia fracasada o una guerra. La dificultad que enfrenta este Gobierno es que para que funcione el “banquillo de la justicia” en una forma que reduzca la violencia, tendrán que pasar años, tal vez una década. Por eso urge una estrategia a corto plazo para reducir la violencia en el País. Más presencia de las fuerzas de seguridad, ya sea Fuerzas Armadas o Guardia Nacional, en las regiones más violentas, no sólo es una necesidad, es una urgencia. Pero también los objetivos claros a corto plazo en contra de las organizaciones y jefes criminales que más impacto tienen en la población, deben que ser una prioridad. Algo que podría tener un impacto casi inmediato es no tener miedo a identificar presidentes municipales y las policías locales que tienen claros indicios de estar coludidos con el crimen. Especialmente si son presidentes municipales de Morena. Esta sería la propuesta que podría, a corto plazo, no sólo enviar un mensaje contundente al resto del País, también lograría eventualmente prevenir otra desaparición masiva, como la que sucedió en Iguala en 2014: 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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