Cerro de La Campana

Con la ruta y proyectos estratégicos trazados rumbo a la segunda mitad de su sexenio, el gobernador Alfonso Durazo hace reajustes en una docena de integrantes de su gabinete y equipo más cercano de colaboradores.

Esta revisión de medio camino en el equipo es una acción casi obligada de los gobernantes de los diferentes niveles de Gobierno y en la administración estatal ayer fue día de relevos, reintegraciones y reacomodos.

En su tercer informe de Gobierno, el gobernador Durazo anunció que tenía 10 iniciativas de “gran calado” para trabajar en los próximos tres años, entre ellas están el Plan Sonora, energías limpias, agua, becas e infraestructura, por lo que con este cambio se busca mejorar y potencializar esos proyectos estratégicos.

En los anuncios hechos ayer están: Paulina Ocaña como jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, un área de gran responsabilidad y retos que muestra el nivel de confianza en su labor a quien era titular de la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social y anteriormente fue directora de Telemax.

A la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social llega la comunicadora Doris Arenas como encargada de despacho; Braulio Martínez es secretario particular del mandatario; Roberto Gradillas, secretario de Turismo y Economía; Fernando Rojo, secretario de Bienestar, antes Sedessson. Francisco Acuña queda a cargo sólo de la Codeso.

Se reincorporan al gabinete estatal dos ex funcionarias: Célida López como secretaria de Sagarhpa, y María Dolores del Río a la Secretaría de la Contraloría. Como titulares de la Sidur, Alejandra Castro; Secretaría de la Mujer, Sheila Hernández; Itesca, Margarita Vélez; y en la dirección general de Telemax, Patricia Ureña.

Tiempos políticos y complejos se viven alrededor de la reforma judicial con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abrir una controversia y revisar si puede frenar o hacerle modificaciones.

La mayoría de los ministros, con ocho votos a favor, en la Corte se dio luz verde para que se pueda analizar la petición de jueces y magistrados sobre la revisión de esta reforma, decisión que votaron en contra las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz.

Entre los argumentos a favor de aprobar que esta petición de los juzgadores sea analizada estuvieron los del ministro Juan Luis González Alcántara quien sostuvo en su proyecto que la SCJN puede darle entrada a una de las quejas contra esta reforma al Poder Judicial, mientras que la ministra Margarita Ríos Farjat explicó que la Corte no puede negarse a pronunciarse,

“es una consulta preliminar sólo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Decirles que no procede nada, es decirles que no sin responder lo que están consultando”.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma judicial es la elección de juzgadores por el voto popular y es respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los morenistas, sus aliados y simpatizantes, y hay voces en contra de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que siguen en protesta, también la han rechazado la oposición, representantes empresariales y críticos.

Hoy se espera la postura de la presidenta Sheinbaum, pero las primeras reacciones llegaron de la ministra Lenia Batres, quien defendió su voto en contra al advertir que de abrir la consulta a la reforma “sería un auténtico golpe de Estado” y el presidente del Senado, el petista Gerardo Fernández Noroña, acusó a la Corte de demostrar, dijo, “su carácter faccioso”.