Zona Sísmica

Investigaciones en BC

Una vez más la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela datos de empresas establecidas en Baja California a las que señala de participar de presuntas prácticas relacionadas con grupos criminales en México.

La noche del pasado martes la Secretaría de Gobernación informó sobre la suspensión de operaciones de 13 casinos en ocho estados de la República, entre ellos Baja California por existir indicios de que pudieran estar participando de esquemas de lavado de dinero.

El miércoles por la tarde en Ensenada, personal de la Segob acudió a las instalaciones del casino Skampa, operado por Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., de donde pidieron a clientes y personal que abandonaran el inmueble para, inmediatamente después, poner sellos de suspensión. Una situación similar ocurrió en el casino Midas de Playas de Rosarito, cuyas puertas amanecieron este jueves cerradas con sellos de “Suspensión” fechados el 12 de noviembre.

Ya este jueves la OFAC informó a través de un comunicado que trabajaba de manera coordinada con el Gobierno de México en una investigación en contra de un presunto grupo criminal denominado como Grupo de Crimen Organizado Hysa, presuntamente liderado por Luftar Hysa, un empresario libanés establecido entre México y Canadá.

El documento del departamento del Tesoro revela los nombres de 18 empresas que estarían siendo investigadas, entre ellas “Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V.”, la cual de acuerdo a la Constitución de Sociedad (FME 33240) del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía de Baja California, Luftar Hysa aparece como socio, al igual que el empresario local, Alfonso Bustamante Anchondo, hermano del ex alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante.

SIGUE NOVELA POLICIACA

“Truena” en el Cabildo de Rosarito el conflicto de los policías que no aprobaron sus exámenes de control y confianza y se enfrentan la regidora Stephanie Esquivel con el Síndico Ricardo Bejarano, mientras la alcaldesa Rocío Adame da “manotazo” para que este último entregue todos los expedientes de los agentes.

En la sesión de Cabildo celebrada este jueves la regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la morenista Esquivel Ortiz, se fue con todo en contra de la Sindicatura acusándolo de cometer irregularidades en los procesos de los agentes en cuestión, particularmente de un paquete de 32 expedientes que ha guardado celosamente de los cuales 23 envió al C3 sin pasar por la Comisión de Honor y Justicia, como lo establece la ley.

Detalló que el 23 de septiembre la Sindicatura acordó que quedaron “debidamente subsanados” los expedientes de los policías que envió al C3 para solicitar su reevaluación figura que no existe, pero además hay 7 expedientes que no se sabe qué pasa con ellos.

Stephanie Esquivel, aseguró que el Síndico se ha excedido en sus funciones e incluso en algún momento se intentó fincarle una falta administrativa, cuando no es su facultad y resaltó que los más de 90 agentes llevan 8 meses sin llevar el sustento a sus familias.

A su vez, el Síndico le reviró indicando que sus facultades se sustentan en el Artículo 127 constitucional y puntualizó que la Comisión de Honor y Justicia tiene más de 60 expedientes y no ha avanzado su trabajo.

Intento explicar “cantinfleando” lo que ha trabajado la Sindicatura pero con poco éxito, ya que en la Sala del Cabildo había varios policías presentes, uno de ellos el oficial Israel Gallo quien dijo que no fue notificado que su expediente había sido enviado al C3 por lo que desconocía su situación.

Tal parece que no será éste el último capítulo de esta enredada historia que lleva meses en desarrollo.