Fiscal boliviano es destituido por acusación de violencia intrafamiliar

LA PAZ, Bolivia.- Un fiscal de la región boliviana de Santa Cruz fue destituido tras ser arrestado por un presunto caso de violencia familiar, informó este viernes el Ministerio Público.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, emitió un memorando para cesar a su colega de la Unidad de Sustancias Controladas Alberto C.F., según un comunicado de la Fiscalía boliviana.

Mariaca, citado en la nota, indicó:

No permitiremos ni apañaremos ningún hecho de violencia que atente contra la vida o integridad de una mujer. Nuestras acciones están enmarcadas en la cero tolerancia a la violencia".

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Alberto F.C. fue arrestado por la Policía en la madrugada del viernes por una denuncia de su esposa, que aseguró que el hombre llegó a su casa en estado de ebriedad y la agredió físicamente, de acuerdo a las investigaciones preliminares.

El ahora exfiscal también intentó agredir a su hijo de 17 años, agrega el documento.

La cónyuge presentó una denuncia formal en una comisaría en Santa Cruz, por lo que ahora el presunto hecho se encuentra bajo investigación policial y del Ministerio Público.

A nivel nacional los casos de violencia familiar sumaron 22 mil 900 en el trascurso de 2020, según ha informado el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), Juan Carlos Alarcón.

Además se registraron 694 casos de violación sexual a niños y adolescentes, añadió Alarcón, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Gobierno (Interior).

El país sudamericano también registró 86 feminicidios, así como 42 infanticidios entre enero y septiembre del año en curso, arrojan datos oficiales.

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En la víspera, la FELCV anunció una campaña de sensibilización contra la violencia de género para instar a la población a denunciar dicha problemática.

Bolivia tiene en vigor desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y castiga el feminicidio con treinta años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.

No obstante, organizaciones feministas han reclamado varias veces que esa norma no se aplica plenamente por falta de presupuesto y personal capacitado para atender los referidos casos, entre otros.