Fiscalía de Corea del Sur ha exigido la pena máxima para el expresidente Yoon Suk-yeol por intento de imponer la ley marcial; tribunal alista sentencia para febrero

La Fiscalía de Corea del Sur pidió este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol, acusado de encabezar una insurrección tras decretar la ley marcial en diciembre de 2024. El tribunal de Seúl prevé dictar sentencia a inicios de febrero. En el país no se realizan ejecuciones desde hace casi cuatro décadas.

Un juicio histórico que pone a prueba a la democracia surcoreana

Corea del Sur vive uno de los procesos judiciales más delicados de su historia reciente. Este martes 13 de enero de 2025, un equipo especial de la Fiscalía solicitó la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk-yeol, acusado de intentar imponer la ley marcial en diciembre de 2024.

La solicitud se realizó en el último día del juicio por insurrección que enfrenta el exmandatario ante el Juzgado del Distrito Central de Seúl, un proceso que ha sido seguido de cerca tanto dentro como fuera del país por sus implicaciones políticas, legales e institucionales.

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De acuerdo con información de la agencia Yonhap, el tribunal prevé emitir sentencia a principios de febrero.

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El equipo especial de fiscales pidió la pena máxima al considerar que Yoon decretó la ley marcial:

Con el propósito de permanecer en el poder durante mucho tiempo mediante el control del poder judicial y legislativo”.

La Fiscalía subrayó que el expresidente movilizó recursos del Estado que debían destinarse al bien público, lo que, a su juicio, agrava la responsabilidad penal.

Aunque la solicitud es la pena de muerte, en la práctica su aplicación es poco probable, ya que Corea del Sur mantiene una moratoria de ejecuciones desde hace casi 40 años.

¿Qué cargos enfrenta el expresidente?

Yoon Suk-yeol enfrenta múltiples acusaciones relacionadas con la imposición del estado de excepción, entre ellas:

• Dirigir una insurrección
• Abuso de poder
• Obstrucción de la justicia
• Ayudar a un enemigo
• Perjurio

El exmandatario justificó en su momento la ley marcial como una medida para proteger al país de supuestas “fuerzas antiestatales”, argumento que fue rechazado por legisladores y fiscales.

¿Qué ocurrió con la ley marcial de diciembre de 2024?

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, lo que provocó una crisis política inmediata.

Horas después, el Parlamento revocó la medida, al considerar que no existían fundamentos legales ni constitucionales para suspender garantías ni concentrar el poder.

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El caso escaló en los meses siguientes y, tras un proceso político y judicial, Yoon fue destituido en abril de 2025. Posteriormente, Corea del Sur celebró elecciones presidenciales en junio.

No es el único: 24 personas han sido acusadas

El proceso no se limita al expresidente. Según Yonhap, 24 personas han sido acusadas en relación con la imposición de la ley marcial.

Entre ellas se encuentran:

• El entonces primer ministro, Han Duck-soo, quien será el primero en recibir sentencia a finales de enero.
• El exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia.
• El exministro de Defensa.

Esto muestra que el caso no se investiga como un hecho aislado, sino como una operación institucional.

¿Qué dice el actual Gobierno de Corea del Sur?

Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, el actual Gobierno surcoreano emitió un comunicado en el que afirmó que espera que la Justicia actúe:

“de acuerdo con la ley, los principios y las expectativas del público”.

El mensaje busca marcar distancia política y reforzar la idea de independencia judicial en uno de los juicios más sensibles para el país.

Corea del Sur es considerada una de las democracias más sólidas de Asia. La imposición fallida de la ley marcial y el posterior juicio contra un expresidente representan un punto de quiebre en su historia política reciente.

El proceso es observado por organismos internacionales, gobiernos extranjeros y analistas, ya que involucra:

• El uso del poder militar en política interna.
• El papel del Parlamento como contrapeso.
• La capacidad del sistema judicial para juzgar a un exjefe de Estado.

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