Senado tipifica fraude fiscal como delincuencia organizada

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre críticas y modificaciones de último momento, el Senado aprobó reformas que tipifican como delincuencia organizada a la defraudación fiscal y que buscan combatir a las empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas.

El Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que ante las inconsistencias en las reformas aprobadas, presentará una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues considera que criminalizan a los contribuyentes.

Se trata de terrorismo fiscal hacia los ciudadanos y las empresas. En Acción Nacional estamos a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de promover el terrorismo fiscal", indicaron los panistas en un comunicado.

Con el voto en contra del PAN y del PRI, las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, fueron enviadas a la Cámara Baja para su análisis y su posible aprobación.

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Entre los cambios que hizo Morena, los cuales contaron con el respaldo de los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Verde Ecologista y de Encuentro Social, se encuentra que la defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos.

Cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, no superen dicho margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad y, en caso de demostrar su culpabilidad, tendrá una pena de dos años.

Entre los cambios que sufrió el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, está que se impondrán sanciones de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) inexistentes, falsas o simuladas.

Durante el debate, el senador por el PAN, Julen Rementería del Puerto, mencionó que esta reforma representa una traición para los empresarios que votaron por Morena, ya que cualquier error los podría meter a la cárcel.

"Nosotros estamos a favor de que haya más recaudación, pero no es persiguiendo a los empresarios de este país como se va a lograr [ese objetivo].

"Con esta reforma están beneficiando a todos los delincuentes porque quedan exonerados, yo no sé si haya un acuerdo para dejarlos fuera del castigo, pero esos grandes delincuentes en materia fiscal hoy están de fiesta", aseveró.

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Miguel Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aclaró que están a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de tomar acciones desmedidas.

"Sí hay una necesidad de combatir a las empresas que utilizan facturas falsas, pero que dejen abierta la conducta a cualquier contribuyente ni lo incluyan como seguridad nacional, con eso no estamos de acuerdo", mencionó.

La senadora Claudia Ayala, del Revolucionario Institucional, aseguró que no se puede equiparar a personas que no realizaron de manera correcta o adecuada su declaración anual de impuestos con sujetos que dolosamente defraudan al fisco, porque si bien la reforma plantea la existencia de un monto, queda la duda de que si la cantidad es un agravante del delito. La medida cautelar, dijo, sólo requiere un nexo causal de una persona con un hecho ilícito.

"No les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel.

"Hay que tener mucho cuidado, yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje: esta reforma está 'fuchi', está 'guácala'.

"Empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a los sicarios", externó en tribuna.

En defensa del dictamen, el senador Germán Martínez (Morena) refirió que la defraudación fiscal sí es un asunto de seguridad nacional porque la realiza la delincuencia organizada.

Destacó que lo que la Cuarta Transformación quiere es un Estado más fuerte, no empresarios más fuertes. "No les queda el papel de defensor de los empresarios, no se asuman como sus representantes.

"Yo los noto como que tienen una ausencia de representatividad, que andan buscando a ver qué amo encuentran. La verdad los veo desnudos de representatividad", argumentó.

Las penas para ese delito

La evasión y defraudación fiscal son considerados una amenaza para la seguridad nacional.

La defraudación fiscal ameritará prisión preventiva oficiosa cuando el monto rebase los 7.8 millones de pesos.

Cuando los actos simulados sean menores, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad.

En caso de demostrarse su culpabilidad, tendrá una pena de dos años.

También se impondrán sanciones de dos a nueve años de prisión al que expida, compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas) inexistentes.

Cuando el delito sea cometido por un funcionario público será destituido e inhabilitado de uno a 10 años

Recibirá las mismas sanciones quien permita o publique a través de cualquier medio anuncios para adquirir comprobantes fiscales falsos.

La reforma, de ser aprobada por la Cámara Baja, entrará en vigor el 1 de enero 2020 y será aplicable al ejercicio fiscal del próximo año.