Diputados avalan poner controversia a Congreso tamaulipeco; protege a Cabeza de Vaca, acusan

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el voto en contra del PAN y del PRD, y la abstención del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, por el blindaje con el que presuntamente se pretende proteger al gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en caso de que proceda su desafuero.

Con 285 votos a favor, 46 abstenciones y 77 en contra, los diputados avalaron el acuerdo que presentó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para interponer un recurso legal con el fin de invalidar la homologación aprobada por el Congreso estatal, debido a que se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo de la Federación.

La Cámara de Diputados argumenta que el Congreso de Tamaulipas violó el pacto federal con el acuerdo del pasado 2 de marzo, que establece las "reglas de procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al estado de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política", ya que es facultad única del Congreso de la Unión someter a servidores públicos a un proceso de desafuero por delitos del fuero federal.

Al final de la sesión plenaria semipresencial en San Lázaro, el diputado de Morena, Rubén Cayetano García, afirmó que lo que el Congreso estatal busca es poner trabas al proceso de desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca para seguir generando impunidad, pero advirtió que no puede constituirse en una segunda instancia o ente revisor, mucho menos cuando se trata de una investigación federal.

Dijo que combatir legalmente esa pretensión para salvaguardar el orden constitucional significa "impedir que el oportunismo y conveniencia política, con el agregado de la desesperación y extravío del viejo régimen, impongan una velada intencionalidad de meter al gobernador de Tamaulipas en una burbuja protectora y manto de impunidad".

El diputado panista Alejandro Rivera Torres denunció que el proyecto de controversia constitucional pretende impugnar una atribución soberana de las entidades federativas y su facultad constitucional de normar las reglas tendientes a determinar los alcances de las responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas de los servidores públicos locales.