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Carpintero retirado y ama de casa “vendieron” millones de pesos de equipo tecnológico y ni siquiera se dieron cuenta

Son víctimas del robo de identidad para la creación de empresas “fantasma” que hicieron negocios con el Gobierno durante la gesión presidencial de Enrique Peña Nieto.

CIUDAD DE MÉXICO.– Un carpintero y una ama de casa de clase muy humilde, aparecen como principales accionistas en empresas que durante la Administración Federal de Enrique Peña Nieto cobraron más de 40 millones de pesos por venta de tecnología.

Pero ambas personas, residentes de Naucalpan, Estado de México, no tienen idea de este asunto y menos de haber cobrado peso alguno.

En un artículo de Univisión Investiga y Diario El País, se informa que Alberta Manzano, de 65 años, es una empleada doméstica jubilada que vive en un barrio pobre de Naucalpan, en el Estado de México.

Lo máximo que ella sabe de comunicaciones es marcar su modesto celular para hablar con sus hijos.

Sin embargo, en el registro Público de Comercio del Gobierno mexicano, su nombre aparece como dueña de una empresa que le vendió sofisticados equipos de intervención de comunicaciones a la Policía Federal por 15 millones de dólares.

Y a cinco kilómetros, en otro barrio de Naucalpan, vive José García Brito, un carpintero retirado de 74 años.

Según el registro público, García fundó otra empresa, que vendió equipos a la Policía Federal por 25.5 millones de dólares, también en 2018.

García dijo que “en ningún momento” creó una empresa y apenas tiene dinero para sobrevivir.

En el artículo de Univisón Investiga y diario El País se agrega que Manzano y García son eslabones de un oscuro proceso de contratación a precios inflados de equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía.

Algunos de los equipos nunca se pusieron en funcionamiento y otros no funcionaron.

“Una auditoría federal de los contratos realizada en 2019 no refleja ningún esfuerzo por identificar ni contactar a quienes figuran como los supuestos dueños de las sociedades beneficiadas, lo que hubiera permitido establecer que se trataba de personas mayores de bajos recursos que viven en barrios marginales y dependen de subsidios del Gobierno”, cita el artículo.

Los nombres de las empresas que contrataron con la Policía son Esrome y Dizoal.

El equipo periodístico encontró que se fundaron el mismo día de abril de 2017 en la oficina del mismo notario, en el municipio de Chalco, al otro extremo de la zona metropolitana de Ciudad de México.

Las empresas no parecen tener una operación real.

Tanto Manzano como García afirman que no se conocen, nunca han estado en Chalco y creen que sus documentos fueron utilizados en un fraude.
Servicios Esrome es la empresa en la que Manzano aparece como accionista.

Ella dice que no tiene nada que ver y jamás ha escuchado hablar de esa compañía. Lo mismo sucede con Comercializadora Dizoal, en la que el carpintero García figura como socio fundador y administrador único.

Esrome y Dizoal tienen direcciones de oficina a media cuadra de distancia, en el barrio de Polanco, uno de los más caros de América Latina.
Y que el despacho de Dizoal es un departamento en un quinto piso de oficinas, donde nadie ha ido en meses, según el guardia del edificio.

Sólo hay un cartelón pegado en la puerta con el anuncio de que no están trabajando allí debido a las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19. El cartel incluye un número telefónico, al que contestó una mujer diciendo que no conoce esa compañía.

En el artículo agregan que en noviembre de 2019, un año después de la firma de los contratos con la Policía, Laura Valdez compró la mayoría de las acciones de Esrome y Dizoal, según el Registro de Comercio.

El carpintero y la empleada doméstica dijeron que tampoco tienen idea de este trámite y nunca vendieron sus acciones, porque nunca las tuvieron.
Valdez tampoco tiene un perfil empresarial.

El registro público muestra que cuando las adquirió, trabajaba como empleada de Gobierno, en rango de oficinista, en el sistema de aguas de Ecatepec, otro municipio del Estado de México. En esa oficina pública dijeron que no la conocen.

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