Organismos que se dedican a la protección de las mujeres, desde niñas, adolescentes y adultas que son víctimas de violencia, prendieron los focos de alerta ante la falta de recursos financieros que les entregaba el gobierno federal para la defensa de sus causas.
Con un déficit de mil policías municipales y de unas 300 patrullas, lograr la seguridad o combatir la delincuencia es una lucha titánica.
Era sábado por la mañana, el lugar una famosa carreta de tacos de borrego y res, en la zona oriente de Mexicali.
La retención unilateral de 123 millones de pesos a la administración estatal y, por ende, a los bajacalifornianos, del banco Afirme prendió los focos rojos acerca del proceder de la empresa crediticia y las consecuencias que esto podría generarnos a largo plazo.
La bomba estalló el martes con el anuncio del citatorio para comparecer a diez ex funcionarios de la anterior administración estatal, incluyendo al ex gobernador, Jaime N.
Este proyecto que pretendía instalarse en el Kilómetro 31 de la carretera federal Mexicali San Felipe, prácticamente nació muerto. Pero además le han estado dando tiros de gracia de manera paulatina las autoridades federales.
Es más que evidente que la banca Afirme está estirando la liga lo más que puede para no devolver los 123 millones de pesos que retuvo al gobierno estatal.
Diariamente la Fiscalía envía al menos cinco pesquisas de personas reportadas como desaparecidas, por parte de sus familiares.
Levantaron la polémica y hasta el enfrentamiento entre diputados de Morena y grupos Pro Familia. Nada nuevo.
