Tras violencia de su pareja, mujer ahora encara violencia institucional

Luego de varios años de violencia física, emocional y económica, una mujer decidió separarse de su pareja, quien ahora ha hecho públicas fotografías íntimas con las que la acosa a través de redes sociales.

Con el valor necesario que cada víctima considera, acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar el caso, amparada en la reforma conocida como Ley Olimpia en contra del acoso digital, pero su experiencia no fue la que esperaba.

Víctor Hugo Medina Basulto, presidente del Colegio de Abogados Profesionales de Mexicali en Pro de la Excelencia Jurídica, señala que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, ha minimizado su denuncia.

Acompañado de la secretaria del Colegio, Laura Alicia Soto, ha acudido con frecuencia, desde hace tres meses, a la Fiscalía General del Estado para solicitar una copia de la carpeta de investigación tras ser nombrados como asesores jurídicos de la víctima.

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En esas mismas tres ocasiones les han negado el juego de copias, con diversos pretextos, entre los que destaca la falta de personal o la ausencia de la coordinadora de la Unidad de Investigación, aún cuando no se requiere de su presencia.

Mientras tanto, las imágenes de la víctima siguen circulando por el ciberespacio y al no ser una carpeta judicializada, ningún juez de control ha emitido alguna medida de protección para ella y su familia, pues teme por su vida.

Medina Basulto aseguró que las condiciones en las que ha sido tratada la víctima, se configuran en el tipo de violencia institucional por los actos y omisiones de los servidores públicos que la han atendido en el proceso.

Los abogados de la víctima hicieron un llamado a la fiscal especializada Adriana Lizárraga González para que el caso sea atendido con la prisa y relevancia que amerita, pues el personal de esta agencia ha minimizado la denuncia y la mujer no ha sido canalizada a atención a víctimas.

El abogado pidió que el personal de esta agencia sea supervisado por el trato a las víctimas y a los litigantes, además que sean evaluados respecto a los resultados de las carpetas de investigación a su cargo.

Los datos de la víctima de este cargo se han mantenido bajo resguardo.