Proyecto sobre impuesto predial no implica cesión de derechos; Tesorero

La firma de un convenio con el Estado para la coordinación en cuanto a recaudación del impuesto predial no implica que se cedan derechos municipales, aseguró el tesorero municipal Víctor Amador Barragán.

De acuerdo al funcionario, la propuesta enviada por la presidenta municipal únicamente habla de una colaboración en cuanto a la recaudación del impuesto predial de cierto número de créditos que definirá el Ayuntamiento.

Esto contrario a lo argumentado por los regidores Héctor Ibarra (PAN) y Fernando Rosales (PRD) durante una sesión de la Comisión de Hacienda realizada la semana pasada, donde por alrededor de dos horas se revisó el tema.

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“En ningún momento, en ninguna parte del convenio dice que yo cedo los derechos o la administración total de la cartera, no hay ningún solo articulado que diga eso” indicó.

El funcionario defendió la iniciativa de la alcaldesa al decir que será el municipio quien asignará las cuentas y dará los lineamientos sobre cómo realizar la recaudación al Gobierno del Estado.

Aunque admitió que todavía se desconoce cuántas cuentas podrán entrar en este grupo, afirmó que sólo serán aquellos créditos firmes, donde no haya prescrito el plazo y en los que el Ayuntamiento no se encuentre trabajando.

La propuesta contempla un convenio de colaboración hasta diciembre de 2021, si ben podrá ser terminada por cualquiera de las partes en el momento que sea requerido.

Asimismo, el tesorero defendió que al firmar este convenio el municipio podrá recibir recurso del fondo de fomento municipal, que hasta el momento solo reciben municipios de 19 estados en todo el país.

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Por su parte Fernando Rosales, regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que este convenio evidencia la incapacidad e incompetencia del municipio para cobrar el predial.

“No es posible que trasladen el impuesto más importante al Estado, esto lo que se traduce es en una centralización del poder estatal” afirmó.

Resaltó además que actualmente no existe la certeza de que el trasladar el cobro del impuesto predial al Estado traiga un beneficio para el Ayuntamiento, pues además del 7% del total de su recaudación también se quedaría con recargos, intereses y otros conceptos.