Frena amparos que Estado no publique cambio de gubernatura

BAJA CALIFORNIA, México.- La no publicación de la reforma que cambia la siguiente gobernatura de dos a cinco años en el Periódico Oficial del Estado (POE), impide que se puedan interponer recursos de inconstitucionalidad.

Así lo precisaron los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jorge Topete Calvario y Francisco Fiorentini Cañedo.

“Mientras no sea publicada por el Ejecutivo del Estado, no corren los plazos para iniciar el proceso de impugnación, como los mecanismos que un ciudadano puede interponer; un juicio de amparo, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales”, dijo Topete.

Ningún proceso empieza a correr hasta que entre en vigor la reforma, para ello debe de publicarse en el POE, comentó Topete.

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Hay que recordar que la semana pasada el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, salió a declarar que esta administración no publicará la reforma en rechazo a lo decido en el Congreso del Estado.

“Igual sucede con las controversias constitucionales que pudieran presentarse, recordemos que son mecanismos que interpone un poder contra otro poder cuando considera que actuó inconstitucionalmente”, explicó.

Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puede interponer la controversia inconstitucional, pero se requiere que se publique.

La constitución le permite al Estado aplicar el veto, por lo que deberá regresar la reforma al Congreso, y éste puede solicitar al director del POE que lo publique, quien deberá acatar o apegarse a las consecuencias jurídicas que establezca el Congreso, añadió.

“El no publicarlo va a complicar los tiempos para poder iniciar la defensa, ahorita no podemos ampararnos, cuando menos voy a buscar que haya 20 amparos en Baja California para que estén bien fundamentados”, explicó Fiorentini.

El Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, tiene diez días para publicarlo, de lo contrario enviarlo al Congreso, y éste tiene 15 días para ordenar su publicación, esto ocurriría en la próxima legislatura, mencionó Fiorentini.

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“Hubiera sido conveniente que se publicara de una vez, porque ya hay una clara resolución, a nivel nacional de combatir esta ilegalidad, el combate se va a dar de manera formal cuando se publique”, añadió Fiorentini.

ASE

La Comisión Especial de Participación Ciudadana reiteró que se va a impugnar el nombramiento del Auditor Superior del Estado (ASE), porque no hubo una metodología para designarlo.

“No queremos se dama de compañía, si el gobierno quiere echar abajo la presencia de los ciudadanos, que modifique la constitución, pero mientras tengamos mandato y podamos seguir participando lo haremos”, aseveró.