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El Imparcial / Mexicali / Extorsiones telefónicas

Extorsiones por carteles en Mexicali,¿Amenaza real o engaño?

La Fiscalía General del Estado analiza presentar denuncias en contra de directores de prisiones en México, desde donde se hacen las llamadas.

Supuestos integrantes de carteles o de la delincuencia organizada siguen llamando a empresarios en Mexicali y Tijuana para amenazarlos y extorsionarlos con “cobros de plaza”, en casos donde algunas víctimas han hecho depósitos de dinero a cuentas bancarias.

Hiram Sánchez Zamora, fiscal central de la Fiscalía General del Estado, aseguró que no hay elementos para considerar estas llamadas como una amenaza real contra quienes las reciben, pues se trata solo de extorsión telefónica.

No obstante, empresarios y particularmente los de la construcción, han sido víctimas de estos engaños en Mexicali, informó el fiscal regional, Pedro Ariel Mendivil García.

La Fiscalía General del Estado busca una estrategia para congelar cuentas bancarias en las que se hacen los depósitos, pero también hacer responsables a los directores de prisiones en otros estados de México por permitir esa actividad.

“NO ES AMENAZA REAL”

Tajante, el fiscal central respondió a la pregunta sobre si las amenazas y llamadas de extorsión a empresarios y constructores son reales o hay un peligro real en ellas.

“No es una amenaza real, no son miembros de la delincuencia organizada, es una extorsión telefónica”, dijo.

Hiram Sánchez Zamora aseguró que no se trata de cobros de piso, pues los casos que han detectado son de llamadas hechas de fuera del estado. Por la naturaleza del delito, es difícil dar con los responsables.

SÍ HAY VÍCTIMAS

Desde el inicio de la actual administración de la FGE, en el último trimestre del 2019, hasta la fecha, se han registrado en Mexicali 152 casos de extorsiones documentadas por las autoridades, en contra de ciudadanos y empresarios de distintos ramos.

En el caso de empresarios de la construcción en Mexicali, se han reportado al menos 7 casos documentados e integrados en carpetas de investigación, en los que el daño patrimonial ronda los 220 mil pesos, informó el fiscal regional Pedro Ariel Mendivil García.

Cómo lo hacen Los extorsionadores inicialmente se hacen pasar como funcionarios públicos para hablar directamente como los empresarios, simulando un interés en contratar sus servicios, una licitación de obra o contactarlo para una propuesta de negocios.

Una vez que tienen contacto con el dueño o representante de la empresa, empieza la extorsión con base a supuestas amenazas, se identifican como miembros de un cartel y exigen dinero para no hacerles daño a las víctimas o sus familias.

A través de un grupo de Whatsapp, en el que se comunican empresarios de cámaras organizadas con la FGE, así como capacitaciones, han podido inhibir casos de amenazas y extorsión, explicó Méndivil García.

QUIÉNES SON

Aunque las acciones que realiza la FGE en el caso parecen limitadas, inicialmente boletinan el número telefónico de donde se hizo la llamada de extorsión, la hacen pública en la página web de la institución y también solicitan por la vía legal deshabilitar el número telefónico.

Sánchez Zamora dijo que no hay evidencia de que las llamadas se realicen desde Baja California y que tampoco hay indicios de que se hagan desde los centros de reinserción social en este estado.

En las carpetas de investigación han anotado que las más recurrentes provienen de estados como Tamaulipas, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México, desde centros de reinserción social.

¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS?

Como víctimas, la orientación más común es llamar al 089, relatar el tipo de extorsión y brindar el número de teléfono del que se hizo la llamada.

Sin embargo, existe otra línea telefónica en la que atienden agentes del ministerio público que te pueden asesorar con el reporte y el inicio de una denuncia.

Se trata de la línea 800 FGEBC-20. La Fiscalía busca nutrir las carpetas de investigación para congelar cuentas bancarias en las que se hacen los depósitos de dinero de las víctimas.

También pretenden hacer responsables a directores de centros de reinserción social de Tamaulipas, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México por permitir estas actividades por parte de reclusos.

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