Equiparar defraudación fiscal a delincuencia organizada reduciría inversión: CCPM

MEXICALI, Baja California.- Equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, como proponen algunas iniciativas que se revisan al interior del Congreso de la Unión, es una medida exagerada que podría afectar la inversión en México, consideró María Elena Douglas del Toro.

La presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali (CCPM) señaló que las iniciativas presentadas por el partido mayoritario (Morena) y otros de oposición buscan reformar varias leyes, para reforzar el combate a empresas que realizan operaciones simuladas.

Entre estas la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal, con lo que el delito de defraudación fiscal sería elevado a delincuencia organizada, comparándolo con otros como el homicidio, la trata de personas y narcomenudeo.

Cuando se trate de operaciones mayores a 7 millones 800 mil pesos de delitos de defraudación fiscal, ya van a entrar dentro de la delincuencia organizada” explicó “como si fuera una persona que se dedica a trata, como si fuera un cartel, delitos de contrabandos y otros de este tipo” 

Para la entrevistada, la medida es exagerada dado que podría afectar a empresas cuyo único error fue el de realizar operaciones con una empresa que ahora está en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, indicó que podría desalentar la inversión local y extranjera dentro del país, pues entonces se impondrían penas más severas a empresas que realicen estas operaciones, como pena de prisión de entre cinco y ocho años, además de la incautación de bienes según la Ley de Extinción de Dominio.

“Todo mundo va a tener temor de hacer una inversión pensando que cualquier empresa, porque ahora también empresas, la persona moral, va a quedar catalogada como delincuencia organizada” dijo.

De acuerdo a una encuesta realizada por el propio SAT, durante 2019 la percepción de riesgo de los contribuyentes de ser sancionados por la dependencia incrementó casi el doble, llegando al 84% de los encuestados.

En 2018, el promedio de empresas que se creían en riesgo de ser sancionadas por el SAT era del 33%.