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Mexicali Por el momento, resaltó, no hay oficinas, personal ni recursos necesarios para que el Sistema funcione de la manera deseada

Depende de los ciudadanos el avance del Sistema Estatal Anticorrupción: Fiorentini

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Por Andrea Jiménez

Depende de los ciudadanos el avance del  Sistema Estatal Anticorrupción: Fiorentini

Depende de los ciudadanos el avance del Sistema Estatal Anticorrupción: Fiorentini

Ahora que la Comisión de Selección ha elegido a los 15 ciudadanos que conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), depende de los propios ciudadanos avanzar en su implementación.



Así lo señaló Francisco Fiorentini Cañedo, ex-presidente de Coparmex Mexicali y uno de los 15 elegidos para conformar el Comité de Participación Ciudadana, quien resaltó que ahora que está conformado el comité solo se necesita la toma de protesta por parte del Congreso del Estado para que puedan comenzar a trabajar.



“Lo que tenemos que hacer estos 15 es rompernos la madre (sic) y construir el mejor Sistema, y lo vamos a hacer, así haya gente comprometida o no haya gente comprometida” afirmó.



A pesar de la elección de los ciudadanos, Fiorentini Cañedo consideró que el Sistema aún no tiene las bases necesarias para funcionar bien, pues hay que adecuar varias leyes constitucionales y crear la infraestructura necesaria para su funcionamiento.



Por el momento, resaltó, no hay oficinas, personal ni recursos necesarios para que el Sistema funcione de la manera deseada, aunque afirmó que existe una muy buena base.



“Creo que la construcción de la base mínima necesaria para el Sistema nos llevará este año y posiblemente el próximo” admitió.



El empresario resaltó que se necesita trabajar en la creación de una plataforma digital que permita transparentar los intereses, bienes y relaciones patrimoniales de personal de gobierno, políticos y proveedores, con la intención de que se les pueda dar seguimiento y exhibir a quien incumpla con las leyes.



Además, insistió en la necesidad de crear una ley que sancione a los empresarios que participen en actos de corrupción con funcionarios públicos.

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