Zona Sísmica

CAMBIOS EN SEGURIDAD

Tras la salida de Guillermo “Titi” Ruiz como fiscal general de Baja California, será a más tardar la próxima semana cuando la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, envíe la terna al Congreso del Estado para que se designe al próximo fiscal. La ejecutiva del Estado señaló que en dicha terna va Ricardo Iván Carpio, quien hace apenas algunas semanas había sido seleccionado para ser el próximo secretario de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana la cual entra en vigor el próximo 1 de enero. Detalló que se deberá analizar todos los perfiles que se presenten para poder coordinar todos los esfuerzos de seguridad en el Estado; también detalló que quien será el próximo secretario de Seguridad Ciudadana será el militar Gilberto Landeros Briseño, quien hace algunos años fue comandante de la Segunda Zona Militar en Tijuana. El motivo para dicho movimiento es la estrategia federal de seguridad, señaló la gobernadora de Baja California; por lo pronto habrá que esperar al próximo año para conocer quien será el próximo fiscal general de Baja California.

SIN INCAPACIDAD

En cuanto a su embarazo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila señaló que no se incapacitará y si bien en estas semanas buscará no salir del estado, ya que se encuentra en la semana 36 de gestación, el trabajo seguirá. Dio a conocer que si bien después del nacimiento no tendrá eventos públicos, el trabajo con su equipo de trabajo y las reuniones serán virtuales, es decir tendrá trabajo Home Office. En cuanto a los nombres para su bebé están entre Diego, Mauricio, Emiliano y José, pero que esta decisión la tomarán una vez que nazca; por cierto espera tener el parto en la vecina ciudad de Brawley, California, ya que dice a Marinita la tuvo allá y no quiere que haya reclamos posteriormente.

Columnas

¿Hacia dónde vamos?

AMPARO CONTRA CIERRE DE OFICINA

En octubre pasado el Poder Judicial admitió una demanda ciudadana de amparo, luego que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cesara actividades en sus oficinas en Tijuana y Ensenada, lo que, de acuerdo al recurso presentado, significa un retroceso en materia de inspección y vigilancia, limitando el acceso a la justicia ambiental y a la denuncia de delitos ambientales.

“El cierre de estas oficinas representa una violación grave al derecho humano a un medio ambiente sano de los habitantes de Ensenada y Tijuana. Con este demanda de amparo activamos un mecanismo legal para exigir el cumplimiento de nuestros derechos, esperamos tener una sentencia favorable y que haya una reapertura de estas sedes de la Profepa en Baja California”, comentó Gabriel Camacho, representante de Ciudadanía Mexicana A.C., responsable de la demanda.

Bajo el argumento de austeridad, el pasado 29 de septiembre, el Gobierno Federal anunció el cierre de dos de las tres oficinas de la Profepa en Baja California, sin embargo, no se proporcionó mayor información para sustentar la decisión. Por otra parte, grupos de ambientalistas han visto afectadas sus operaciones de rescate de especies silvestres varadas en esta zona, ya que para realizar las actividades de salvamento es necesario la presencia de personal de Profepa, quienes ahora deberán viajar hasta 12 horas para llegar a los sitios.

“Es lamentable el retroceso que estamos dando en materia de protección al medio ambiente, sobre todo a la vigilancia en áreas naturales protegidas”, indicó César Guerrero, Consejero Ciudadano por el Municipio de Ensenada ante el Consejo Estatal de Protección al Ambiente.