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Zona Sísmica

Cuando faltan 72 horas para el inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la 23 Legislatura de Baja California, el edificio del Congreso del Estado, donde está precisamente el salón de sesiones, permanece bloqueado por un grupo de activistas, quienes están dispuestos a no permitir las actividades legislativas.

Bloqueo

Cuando faltan 72 horas para el inicio del primer periodo ordinario de sesiones de la 23 Legislatura de Baja California, el edificio del Congreso del Estado, donde está precisamente el salón de sesiones, permanece bloqueado por un grupo de activistas, quienes están dispuestos a no permitir las actividades legislativas.

Se debe recordar que después de que la mayoría de los diputados de la 22 legislatura aprobaron una reforma constitucional, los activistas encabezados por Filiberto Sánchez Gurrola, así como por otros ya bastante "quemados", secuestraron el edificio del Congreso.

Originalmente el bloqueo era para protestar por la decisión de los diputados a quienes acusaron de corruptos, pero luego añadieron a su protesta algunas peticiones, como sacar la cervecería Costellation en el Valle de Mexicali, derogar el decreto de la deuda pública del Gobierno del Estado, abrogar la Ley de las Asociaciones Públicas y Privadas, ordenar al Instituto Estatal Electoral realizar un plebiscito sobre la cervecería y, entre otras, que se diera una diputación plurinominal al magnate de la zona rural de Mexicali, Rigoberto Campos, por ser el mejor perdedor del partido Movimiento Ciudadano.

Así que los activistas han advertido que nadie entrará al recinto legislativo a menos que sus peticiones sean atendidas.

Ya la semana pasada la diputada electa Montserrat Caballero, quien dijo ser coordinadora de Morena en la próxima legislatura, sostuvo un acercamiento con los integrantes de ese movimiento para tratar de convencerlos de moverse, pero hubo una negativa total.

Los manifestantes ayer tuvieron pachanga con carne asada incluida y "don Fili", quien es ajonjolí de todos los moles, entre ellos la toma de casetas de Capufe, publicó en Facebook fotografías de la carne asada.

Habrá que ver si en estos días las autoridades logran convencer a los activistas para que les den permiso de entrar a los nuevos diputados para rendir protesta, o los nuevos legisladores van a tener que buscar un lugarcito para "estrenar" el cargo.

O, la otra opción, usar la fuerza pública para retirar el bloqueo y poner a disposición de un juez a los manifestantes.

Magistrada

Dentro de una semana el Poder Judicial del Estado regresará a sus actividades, tras concluir el periodo vacacional de verano de casi un mes.

Lo que aún no ha quedado claro es el retorno al cargo de la magistrada con licencia Perla del Socorro Ibarra Leyva, quien dejó el cargo de procuradora general de Justicia del Estado.

Puesto que la ahora ex procuradora informó al Congreso del Estado que daba por terminada su licencia al cargo de magistrada, pero cuando el Poder Judicial del Estado estaba en receso.

Entonces no se ha informado, o al menos Comunicación Social del Poder Judicial del Estado o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Salvador Juan Ortiz Morales, si Ibarra Leyva ya se reincorporó como magistrada de la Cuarta Sala.

Por cierto, en la Procuraduría permanece la hija de Ibarra Leyva, mientras se comenta que su hijo Ricardo Padilla Ibarra ya tiene "amarrada" una patente de Notario Público.

Retiros

Ante tantos temas que han mantenido a Baja California en la mira nacional, quedó casi en el olvido el haber de retiro que recibirán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando dejen su cargo al cumplir los 70 años de edad.

Nada se ha dicho de dónde sacarán el dinero para pagar ese beneficio, a menos que se lo vayan a cargar a los contribuyentes, a pesar de que los beneficiados no aportaron un solo peso para su retiro.

Hay quienes aseguran que existe un fideicomiso con alrededor de 70 millones de pesos para realizar el pago de haber de retiro a los togados.

Aunque se debe recordar que un Tribunal Federal acaba de ordenar al Congreso del Estado legislar un haber de retiro para todos los jueces de Primera Instancia, al igual que se hizo con los magistrados.

Ahora la duda es si alcanzará o no el dinero de ese fideicomiso o si también será a costa de los ciudadanos bajacalifornianos.