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Un fiscal extraviado

Alejandro Gertz Manero ha demostrado ser incapaz de articular una política de persecución penal que sea lógica dentro del contexto de violencia y pérdida de control del territorio que vive el Estado mexicano.

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Por LAYDA NEGRETE

El país carece de un Fiscal General funcional.

Alejandro Gertz Manero ha demostrado ser incapaz de articular una política de persecución penal que sea lógica dentro del contexto de violencia y pérdida de control del territorio que vive el Estado mexicano. Con cada acción institucional, muestra que su energía está dedicada a batirse con rivales personales añejos y nuevos, desde su posición de innegable poder.

Hace unos días, el periodista Abel Barajas, documentó la pretensión del Fiscal General de procesar penalmente a tres exfuncionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Esta persecución está relacionada con un litigio civil que consumió la atención del propio Gertz durante los años que precedieron su incorporación al gobierno de la 4T. En 2011, cuando el Fiscal se desempeñaba como rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México (UDLA CDMX), él dio inicio a una acción legal destinada a impedir que la universidad del mismo nombre, en Puebla, usase la marca UDLA. Parte de la estrategia legal de ese momento, fue criminalizar la acción original a través de una serie de denuncias. En su momento, la PGR, desestimó que un juicio de uso marca fuese penal y archivó el asunto. Gertz 10 años después, está a punto de revivir este caso.

La táctica de usar la amenaza de cárcel en contra de un adversario en un juicio civil, con el fin de quebrarlo, no es nueva, la usan los abogados sin escrúpulos de este país. Sin embargo, hay dos elementos inéditos en esta historia: uno es un hecho fortuito, el otro es una acción deliberada. Sobre el primero no existe responsabilidad alguna del Fiscal General. El segundo elemento, lamentablemente, exhibe una fisura de integridad en quien es un eslabón clave de la justicia en México.

Sobre el hecho fortuito, es curioso que un giro del destino haya fusionado las identidades de la "víctima" y la del "fiscal". Es una casualidad. En 2011, Gertz Manero no habría podido imaginar la posición que tiene hoy y, por lo tanto, sobre este punto no hay nada que reprochar.

Muy distinto al punto anterior es la acción consciente de Gertz de resucitar una acción penal que murió hace diez años, una acción que, además, él mismo promovió. Sobre este punto el hoy Fiscal General tenía la opción de no intervenir y dejar el marcador del partido como había quedado entonces, con él en el equipo perdedor. Desafortunadamente, nuestro Fiscal decidió hacer lo opuesto, intentar alterar la historia y entablar venganza.

La decisión de Gertz es reprochable éticamente y es susceptible de responsabilidad administrativa e incluso penal. En esta persecución hay un claro conflicto de interés donde él es "juez y parte". Además, optar por usar los recursos institucionales para perseguir una conducta que no es un delito es un uso abusivo del poder. Por si lo anterior no fuese lo suficientemente grave, el Fiscal General está usando los recursos escasísimos de la Fiscalía General de la República para perseguir a un viejo rival. La acción, en su conjunto, es un uso indebido y abusivo de recursos públicos para beneficio o capricho personal; algo que, en una palabra puede resumirse como corrupción.

¿Es posible ser víctima y fiscal? El caso Gertz muestra que sí. La pregunta pertinente entonces es si debe ser fiscal de su caso quien antes se ostentó como víctima. Alejandro Gertz Manero puede declinar usar su posición de privilegio para derribar a viejos adversarios. Esperemos que encuentre de nuevo el rumbo de la ética y la integridad y atienda los fuegos que importan en un país que arde.

Investigadora en justicia penal.

*- La autora es investigadora en justicia penal

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