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No los debemos olvidar

Los tiempos han cambiado y la forma de ver las cosas también.

Por Roberto Vázquez

Por el derecho a la libertad de expresión

Los tiempos han cambiado y la forma de ver las cosas también. En el presente estamos obligados por la razón de la realidad, a ser observadores críticos, especialmente de quienes fueron, están siendo o intentan ser funcionaros producto de una elección formal. Esto, porque todos ellos se han aprovechado de la corrupción imperante en las administraciones de los tres niveles de gobierno. Ninguno de ellos se salva, pues, con toda seguridad, si no se han adjudicado recursos financieros de manera indebida, por lo menos tienen información o han sido testigos de hurtos cometidos por otros. Los medios y los fines a los que recurrieron, aprovechándose de la benevolencia y la ceguera del sistema judicial, los enriquecieron ilegalmente. De la misma manera, la práctica de cerrar el círculo para protegerse unos con otros, los ha convertido en sujetos inimputables.

Todos los de elección popular tienen una cola que pisarse. Todos de una manera u otra, están disfrutando de lo que ilegalmente obtuvieron durante sus administraciones gubernamentales. Ahora es cuando, con una sencilla revisión de sus posesiones y observando su forma de vivir y de gastar, sabremos cuánto fue lo que se robaron en sus gobiernos. Tecate es una ciudad media en la cual, aunque ya no nos conocemos todos, si podemos encontrar información verídica de los pudientes, si indagamos un poco. Así sabremos cómo vivían antes de ser electos y cómo, después del fin de sus administraciones.

Mientras que no escribamos la historia contemporánea de todos nuestros exfuncionarios municipales, estatales y federales, no tendremos ubicados a los delincuentes de cuello blanco. Por lo pronto sería prudente que, al menos, sepamos quienes nos robaron en los últimos trienios. En Tecate, el primero y más notorio maestro del peculado y del mal uso de los recursos financieros del ayuntamiento, es Javier Ignacio Urbalejo Cinco, a quién se le interpuso una denuncia de juicio político, con pruebas documentadas que demostraban el enriquecimiento ilícito que evidenciaba. Fue arropado por todos los diputados de la XX Legislatura, protegido y la demanda no prosperó. Ahora disfruta de los recursos ilegales que obtuvo y, como una prueba extra de que está a salvo, por ahora de la cárcel, se le contrató en un puesto de tercer nivel, en el Gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmedo. Le siguió César Moreno González de Castilla, quien cobró por obras públicas no realizadas, motivo por el cual se le promovió una demanda penal, que duerme el sueño de los inocentes ladrones. El sistema judicial no ha promovido la investigación por lo cual está en suspenso si algún día prosperará. Mientras tanto, él y su esposa tienen puestos en el gobierno federal y en el estatal, por ser unos excelentes corruptos exfuncionarios. Posteriormente, Nereida Fuentes, que siendo originariamente de la clase proletaria tecatense, logra ser regidora, diputada y presidente municipal y se integra a la clase alta, debido a su natural propensión a la corrupción, convirtiéndose inexplicable e ilegalmente, en una nueva integrante de la burguesía bajacaliforniana. A sus recursos financieros se les podría dar seguimiento con toda facilidad, porque se comenzó a enriquecer cuando fue ocupando puestos de elección popular. El caso de Nereida Fuentes se asemeja al de Juan Vargas Rodríguez, quien, también de la nada, es uno de los expresidentes municipales dueño de múltiples propiedades en nuestra ciudad. Tuvo la abominable distinción de ser un diputado levanta dedos, con muy pocas inasistencias a las sesiones del Congreso del Estado. A su fortuna actual se le debe seguir la huella para definir el origen de esta. Tanto él como Nereida, y como todos los exdiputados y los actuales en funciones, tienen a su disposición recursos económicos que pueden, con toda facilidad, convertirse en ingresos extras para ellos. Por último, tenemos a Joaquín Sandoval Millán, quien, siendo maestro del nivel medio superior, resulta al parecer, dueño de un rancho y poseedor de caballos de pura raza. Debe investigársele.

De allí que, en beneficio del mejoramiento, respeto y privilegio de nuestro marco jurídico, todos los exfuncionarios públicos de elección popular deben ser investigados fiscalizando puntualmente sus bienes. Si todos los funcionarios electos del país, comenzando por López Obrador, cumplieran realmente sus funciones, ya tendríamos encarcelados a muchos políticos. Este valemadrismo no lo debemos olvidar. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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