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La pandemia política

El semáforo debería estar en rojo, pero para las locuras políticas, los caros caprichos públicos, las revanchas de los gobernantes.

En solidaridad con la compañera, colega y amiga Aline Corpus, ante los ataques del poder

El semáforo debería estar en rojo, pero para las locuras políticas, los caros caprichos públicos, las revanchas de los gobernantes.

Pero no, está rojo porque Baja California no le puede romper la espalda al coronavirus, aunque, desafortunadamente, el señalamiento está en verde para las ocurrencias de quienes desgobiernan.

Y cuando todos pensábamos que la cosa pública no podía estar peor, surgió desde el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo, la idea inicial de empatar otra vez las elecciones.

Córtenle tres años al próximo periodo gubernamental, gritaron desde arriba y los diputados obedecieron, --algunos a regañadientes o de plano como la diputada de Morena, Rosina del Villar en franca rebeldía y oposición--, y empezaron a moverse para cumplir el deseo del magnánimo y de su séquito de adoradores.

El mensaje en un inicio fue entendido como capricho, revancha, locura, pero era muy caro para solo eso, ya que hasta juicio político y denuncias penales puede generar a quienes lo propongan y lo aprueben.

Después el análisis fue interpretado como una acción contra los alcaldes con aspiraciones a ser gobernadores, o contra los Morenos que no se la jugaron con el gobierno de cinco años a favor de Jaime Bonilla, pero también dirigida a los opositores, como el priísta, Jorge Hank, quien aunque carga con el lastre llamado PRI, no es mal evaluado en las encuestas publicadas, hasta este momento.

En esta reforma que parece un juego de tontos-locos, nadie se explica cómo es que cuando tienes amplias posibilidades de ganar una Gubernatura, la cortas a tres años.

Aunque es una propuesta que desde un inicio se tejió en la secretaría general de Gobierno, el costo político lo estarán asumiendo los diputados que la validen, más allá de las candidaturas a las alcaldías o reelecciones que les fueron ofrecidas.

Esta reforma que seguramente se aprobará en el pleno del Congreso del Estado con todo el descrédito para los legisladores que sumisos le darán luz verde, deberá ser aprobada por cuando menos tres de los cinco cabildos. La pregunta es si los presidentes municipales de Mexicali, Marina del Pilar Ávila o el de Tijuana, Arturo González Cruz harán lo mismo o romperán con Bonilla.

En la propuesta, la inicialista, diputada Monserrat Caballero habla de la necesidad de empatar elecciones para el ahorro de recursos, pero ni una ni otra situación tiene justificación.

No existe una obligación de empatar las elecciones, ésta ya se cumplió en el 2014 en el Decreto 112, donde se emparejarían las elecciones en Baja California en el 2021.

En relación a los argumentos de 3 años, la inicialista sostiene que es en función al reclamo ciudadano, para ahorrarse recursos, pero no existen elementos que demuestren eso, a tal grado que no menciona ni una cantidad de dinero del supuesto ahorro.

Habla que es necesario que los periodos inicien de la misma manera que la Federación, ya que existiría concordancia en algunos programas federales, lo cual echa por tierra el principio de división de poderes.

Además, es necesario aclarar que el decreto 112 aún no se culmina, incluso ya existe una interpretación en los efectos de la sentencia de una acción de inconstitucionalidad. Por lo que la reforma además de ser contraria al derecho, haría caer en desacato a los legisladores que la aprueben.

Cualquiera de las interpretaciones, esta reforma es un laberinto político en el que como en el juego del Tomatodo todos perdemos.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.

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