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El nuevo revés que los magistrados electorales federales le dieron a los togados locales, Jaime Vargas y Leobardo Loaiza, no tiene precedentes en la vida democrática local.

El nuevo revés que los magistrados electorales federales le dieron a los togados locales, Jaime Vargas y Leobardo Loaiza, no tiene precedentes en la vida democrática local.

Más de seis veces le han dado reversa a sus determinaciones, y de esas, dos han sido en contra de querer aumentar el próximo período gubernamental hasta seis años.

Las reacciones no se han hicieron esperar, desde empresarios hasta políticos, pasando por la ciudadanía en general, la cual observa desde dos bandos diferenciados la crítica situación.

Este viernes, incluso, se ofreció conferencia de prensa por parte de priistas en donde se habló de nuevos intentos de cambiar la Constitución local para lograr un período de seis años.

Denuncian compra de votos de diputados locales para que sesionen de manera extraordinaria y modifiquen la siguiente gubernatura de dos a cinco años.

El presidente de la mesa directiva del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez Macías, denunció que funcionarios federales le ofrecieron un millón de dólares para que convoque a la sesión antes del 2 de junio, así como también puestos en un futuro inmediato. Wow.

Los señalamientos del legislador no son cosa menor por lo que la denuncia la interpondrán en la instancia judicial electoral y a través del jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del partido tricolor.

Así, mientras en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se daba el revés a dicha intentona, se denunciaba la intención de “comprar” a los diputados para sesionar de manera extraordinaria y poder concretar tal pretensión.

En el transitar la campaña electoral, con todos los ataques y contra ataques entre adversarios políticos, la parte interesada siempre quiso mantener vivo este tema de ampliar de dos a seis años el periodo gubernamental y, por momentos, adquiría una mayor intensidad jurídica y política.

Incluso, en medio de fuertes cabildeos con actores políticos, que nos llevan a pensar que hay demasiados intereses en todo esto que seguramente están “calculando” que en solo dos años no podrían resarcirse.

Si ese fuera el caso, los ciudadanos tendríamos que preguntarnos dónde quedó el interés general supremo del Estado, circunstancias en las que se puso la capacidad de respuesta de las instituciones.

Este asunto de interés público pareciera haber sido lo suficientemente discutido en las instancias jurisdiccionales, incluso generó debate entre la opinión pública, sobre todo en los sectores más informados, pero las ambiciones de los políticos y su mismo egocentrismo, entre otros factores, los empecinan a no quitar el dedo del renglón cayendo en lo que pudiera ser una actitud política obsesiva. Súper Wow.

La discusión no está centrada en si es mejor tener una gubernatura de seis años en lugar de una de dos. La real polémica es por qué un candidato se empecina en ningunear las instituciones y quiere arrodillarlas en aras de un interés personal.

Cinco aspirantes a la gubernatura dijeron sí al periodo de dos años, como lo mandaron los diputados locales y los magistrados federales.

¿Valdrá la pena seguir enfrascados en esta absurda discusión?

Al momento de escribir esta columna faltaban unas horas para la jornada electoral. Mi deseo es que la votación haya sido copiosa y en paz.

La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.