Columnas EXÉGESIS

Autonomía de la Fiscalía

En los primeros tiempos, cuando las multitudes juzgaban a un presunto delincuente, lo hacían en forma directa, cruel, pero expedita.

Por Arnoldo Castilla

En los primeros tiempos, cuando las multitudes juzgaban a un presunto delincuente, lo hacían en forma directa, cruel, pero expedita.

Con el tiempo, aumenta el número de delincuentes y la muchedumbre nombró representantes sociales para que estos sean los encargados de investigar y perseguir los crímenes que aumentan sin control, al tiempo que crecen las poblaciones.

Ahora se piensa en la autonomía del encargado de procurar justicia para evitar que la acción penal pública sea utilizada políticamente, porque se da el caso que el titular de la acción penal utilice esa facultad para perseguir a sus enemigos políticos y puede beneficiar a sus partidarios, amigos o miembros de grupo político.

El hecho de tener esa facultad da una fuerza social y administrativa a favor de quien la posee.

Los opositores a la llamada autonomía del ministerio público, como argumento en contra, oponen que es necesario una reestructuración de las ahora llamadas fiscalías y que estas queden fuera del control de cualquiera de los tres poderes dado a su divorcio del poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Esto significa desconocer la naturaleza del sistema de justicia, pues el hecho de que se considere autónoma la fiscalía, no implica que esté totalmente divorciada del sistema jurídico ya que todo el sistema jurídico está vinculado entre sí por el repito, sistema jurídico que tiene su fundamento en la Constitución que establece las bases de la organización del Estado.

Aprovechando el tema, lo que sí es urgente, es establecer un sistema de periciales del que puedan participar los abogados particulares, regido bajo un sistema científico-criminalista, imparcial, arbitral. Gracias a la reciente reforma constitucional, a partir de hace unos meses, el nuevo sistema penal lo que pretende, es apoyarse en sus decisiones utilizando la técnica médico-criminalística, lo que dará bases científicas a la toma de decisiones de los juzgadores.

Como vemos en el desarrollo de este artículo, la autonomía del ministerio público no es absoluta y el riesgo de que el ejecutivo siga teniendo injerencia en la procuración de justicia es muy elevado, porque de alguna manera, el ejecutivo participa en la designación de los fiscales, lo que crea una invaluable deuda de gratitud de la fiscalía hacia el gobernador, lo que viene a dar al traste con la imparcialidad que debería de ser máxima para quienes se encargan de investigar y consignar a los delincuentes.

Preocupémonos pues, por una procuración de justicia que labore con autonomía técnica y económica, además de jurídica y política como corresponde a un Estado que practica la democracia que proviene de una formación ciudadana de elevados niveles de cultura.

*- El autor es catedrático de la UABC.

 

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