¿A quién le conviene violentar la elección?

Si estuviéramos en otro país o en otras circunstancias ya se habría generado una crisis política o un gran escándalo ante la pretensión de un actor político de cambiar, de último momento y de manera un tanto tramposa, las reglas establecidas para una elección. Es el caso de Jaime Bonilla, candidato de Morena a la gubernatura de Baja California, quien ya va en su segundo intento para modificar el periodo que en su momento estableció el congreso para empatar los comicios federales y locales.

Cuando un actor político, un partido o cualquier otro agente, intenta por todos los medios violentar o alterar las reglas establecidas para el juego democrático y recurre a todo tipo de mecanismos legales o extra legales para modificar un acuerdo en un proceso electoral en marcha, desestabiliza todo el proceso y lo despoja de la confianza y la certeza que debe imperar desde el principio hasta el fin.

Si algo se logró en México después de un largo recorrido que empezó a mediados de los años noventa y culminó con la creación del IFE, las leyes electorales y una compleja normatividad, fue que todos los actores políticos aceptaran y se sujetaran a las mismas reglas, que se consideraba como un paso necesario y fundamental para que las elecciones y la competencia política tuvieran cierto grado de civilidad y confianza por parte de la ciudadanía.

Hoy, con el arribo de Morena y en especial de algunos de sus candidatos como es el caso de Bonilla, toda la visión anterior está boca abajo y en peligro de ser destruida. No sólo por el uso faccioso de las instituciones como el tribunal local y dos de sus magistrados que parecen responder a sus órdenes, sino también por los cuestionamientos y el asedio que ejerce Bonilla hacia al Instituto Electoral por la organización de los debates.

Es una vieja reacción autoritaria, tanto de la izquierda como de la derecha en México, que costó mucho trabajo enmendar y obligar a los partidos y todo tipo de actores a respetar y aceptar las reglas básicas de carácter electoral, les convinieran o no les convinieran.

Son actitudes que muestran un nulo o reducido aprecio por la democracia y por el respeto a las reglas y la legalidad, una característica peculiar y muy poco honrosa que distinguió la vida política del país en el pasado reciente, y que hoy están de vuelta en un actor político que se creía que entre sus fines se propondría afianzar las reglas y consolidar la democracia electoral. Pero es al revés, Morena actúa como en el pasado.

¿Por qué Jaime Bonilla quiere modificar el periodo de gobierno y en lugar de que la próxima gubernatura sea de 2 años (como lo estableció el congreso para empatar las elecciones), que sea de cinco o de seis? Por una razón muy simple: porque dos años son insuficientes completamente, no para promover o impulsar proyectos de gobierno de gran impacto, como se cree ingenuamente por muchas personas, sino porque son insuficientes para “consolidar” y afianzar el partido de Morena y, en particular, el poder político de Jaime Bonilla.

Bonilla no quiere ser gobernador -en caso de que ganara- por dos años nada más, porque aparte de que es un periodo demasiado breve, terminaría prácticamente con su carrera política, no podría postularse en 2021 y quedaría casi a mitad del camino del gobierno de López Obrador. Es decir, ser gobernador por dos años casi lo aniquilaría y sería insuficiente para garantizar algo que resulta crucial para el grupito de viejos políticos priistas que rodean a Bonilla: ganar la gubernatura de seis años en 2021.

Bonilla, quizás con el aval de Morena a nivel nacional y posiblemente de AMLO, no les importa revivir las vetustas estructuras del viejo PRI, de algunos intereses empresariales ligados a ese partido o reventar la elección y las instituciones, con tal de instalar a Morena en el gobierno, echar al PAN a la calle, negociar posiciones con quien sea o atraer a lo más corrupto de la política, si todo eso garantiza o ayuda para permanecer más de seis años en el poder.

En otras palabras, Bonilla y Morena no quieren una gubernatura de dos años porque eso no les asegura, por la misma brevedad del periodo, consolidarse y afianzarse en el poder en BC, tampoco ganar la elección de 2021, y con ello menos echar al PAN del gobierno. Para lograr y aprovechar la correlación de fuerzas a su favor, después del triunfo de 2018, y para que su triunfo estatal tenga sentido, necesitan ¡a fuerzas! que el gobierno sea de cinco o seis años.

Si para eso necesitan violentar las reglas, lo van a hacer, como ya lo están haciendo. Más si el resto de los partidos hoy en competencia se lo permiten, si no se oponen con fuerza y si no son capaces de ver el peligro que representan, para ellos y la ciudadanía, un triunfo como el de Bonilla y de Morena en el gobierno estatal.

Es paradójico, pero en lugar de estar en el umbral de un cambio, estamos ante un inminente peligro en BC.

*El autor es analista político.