Columnas MAR DE FONDO

Mar de fondo

Por Benedicto Ruíz Vargas

¿Quién bloquea la vía legal? La experiencia reciente en Tijuana y en Baja California en torno a las vías legales adoptadas por algunos grupos para reclamar algunas demandas sociales indica que esta alternativa está bloqueada, pues muchas de estas demandas se frenan o simplemente no avanzan en las instancias correspondientes. Algunos ejemplos recientes son la solicitud de plebiscito promovida por el Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) para anular o revocar el contrato que hizo el gobierno municipal de Tijuana con la empresa Turbofin para alquilar camiones recolectores de basura, así como para revertir el aumento del transporte público en la ciudad. La solicitud formal se hizo el 28 de agosto de este año, esperando hasta el 22 de septiembre para que el Instituto Estatal Electoral les diera una respuesta, después de haber recolectado las firmas requeridas y haber hecho todos los trámites. La respuesta del IEE fue un verdadero galimatías y los remitió al Ayuntamiento de Tijuana que, a su vez, se declaró incompetente para realizarlo. Lo mismo ha pasado con la solicitud de “juicio político” que algunos regidores promovieron a principios del año contra el alcalde de Tijuana. Pero también con muchas otras demandas que otros grupos sociales y de activistas han interpuesto contra el Gobernador del Estado, contra los diputados panistas, contra la empresa Constellation Brands en el valle de Mexicali, y ninguna ha prosperado. Estos y varios otros casos nos indican que la vía legal para oponerse a la imposición de algunas políticas de los gobiernos, estatal o municipal, está controlada por el poder político, no sólo ahora sino desde hace mucho tiempo, especialmente por el Gobernador del Estado, al que se supeditan muchos jueces, tribunales o instancias autónomas como se supone que lo es el IEE. Los otros dos caminos de lucha o de protesta social que tiene la sociedad, como son las urnas y la movilización política, también son débiles en Baja California. El elevado abstencionismo es un ejemplo prístino de lo primero, y la despolitización, la apatía y el conformismo que priva entre muchos ciudadanos en las principales ciudades fronterizas, es un ejemplo de lo segundo, lo que hace casi imposible que la manifestación callejera se adopte como una forma de lucha. Es cierto que en Baja California, particularmente en Mexicali, hemos visto multitudinarias manifestaciones para oponerse y protestar contra el “gasolinazo” y después para rechazar la Ley del Agua promovida por el gobernador, pero pasada esa coyuntura las movilizaciones masivas han decaído. Lo que ha prevalecido, como parte de un ciclo normal, son los grupos de activistas, núcleos sociales con mayor conciencia política, cuya acción aparentemente minoritaria ha sido determinante para impedir que los diputados panistas y algunos priistas aprueben en el Congreso medidas que son lesivas para la sociedad. La permanencia de estos grupos se explica no sólo por estas demandas que han cobrado realce en el estado, sino sobre todo por la cerrazón del gobierno panista y de otras instituciones como el mismo Congreso. También por la pérdida de confianza en los partidos políticos, que han dejado de representar al ciudadano y se han integrado a la estructura de poder, incluso los llamados partidos de izquierda como son el PT, el MC e incluso Morena, que se mueve con ambigüedad política. Aquí en BC no sólo el gobierno panista sino la gran mayoría de los partidos políticos se han convertido en agentes desmovilizadores de la sociedad, desmotivando la organización de los ciudadanos y su participación política, tratando de canalizar la lucha y la inconformidad sólo y exclusivamente hacia las urnas y el terreno electoral. Las demás vías han sido bloqueadas por ellos mismos. Pero la vía electoral también se ha viciado, pues los partidos sólo intentan repartirse el pastel, imponen candidatos mediocres que no saben y no tienen capacidad de gobernar, con triunfos pírricos producto de las clientelas electorales dado el elevado abstencionismo electoral. Así, paradójicamente, el ciudadano de la calle se ha ido quedando indefenso e impotente para oponerse a una política o para protestar contra una injusticia. La vía legal es una ruta inviable por su burocracia, es costosa y es casi imposible que resuelva a favor. Las urnas son poco eficaces y, la manifestación callejera, es la proeza de unos cuantos. Una salida, por lo menos a mediano plazo, mientras se avanza en la construcción de una ciudadanía, es una combinación de todas estas alternativas: la lucha legal pero también la manifestación política. Por sí sola ninguna va a funcionar ante un poder excluyente. El autor es analista político.

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