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Otro año más violento en México

El problema de la creciente cifra de homicidios precede al presidente López Obrador, pero su Gobierno debe demostrar que puede resolver el problema.

El problema de la creciente cifra de homicidios precede al presidente López Obrador, pero su Gobierno debe demostrar que puede resolver el problema. El primer año de Andrés Manuel López Obrador como Presidente fue el más violento en la historia moderna de México. En abril de 2019, por primera vez a una Mañanera de López Obrador, las conferencias matutinas con la prensa que el presidente hace de lunes a viernes. En esa ocasión, le pregunté por la incesante violencia que sacude México desde hace décadas. Si la tendencia de ese 2019 continuaba, sería el año más sangriento registrado en el País, como lo fue. El Presidente aseguró que habría avances. Así que ahora, a inicios de 2020, asistí de nuevo a una Mañanera para hacerle la misma pregunta: Cuándo habrá, finalmente, resultados. “Este año”, dijo.

Todos los mexicanos -ante los ojos del mundo- estaremos atentos a que el Presidente cumpla su promesa. La violencia incesante no puede continuar. En México mueren y desaparecen decenas de miles de personas como si el País fuera una zona de guerra y a veces parece que el Gobierno no tiene el sentido de urgencia para enfrentar esta crisis.

“No me quita el sueño ningún problema”, dijo recientemente López Obrador. Bueno, este problema debería quitarle el sueño, Presidente. O, al menos, darle pesadillas.

Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 fueron asesinadas 34 mil 579 personas, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) del Gobierno de México. Aunque el Sesnsp no ha publicado cifras oficiales para diciembre de 2019, los registros iniciales del Gobierno dejan en claro que 2019 será el año más sangriento desde el fin de dos guerras internas del siglo pasado: La Revolución mexicana y la Guerra Cristera.

Esta cifra es superior a los 33 mil 743 homicidios dolosos que se registraron en 2018 (el último año de la presidencia de Enrique Peña Nieto, el antecesor de López Obrador) y de los 27 mil 213 asesinatos que ocurrieron en 2011, el año más mortífero de Felipe Calderón, el mandatario que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006.

Ningún año en los gobiernos de cualquier otro Presidente en casi un siglo fue tan violento como el primero de AMLO en el poder, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el pasado, López Obrador ha dicho que tiene “otros datos”. En este caso, los números de su propio Gobierno revelan esta realidad, apremiante y dura.

Esta espiral de violencia no es nueva. Así que es natural preguntarnos dos cosas: ¿De quién es la culpa de esta crisis? Y, sobre todo, ¿de quién es responsabilidad encontrar soluciones para salir de ella?

Según los registros oficiales, la escalada de violencia se dio a principios del sexenio de Felipe Calderón. Aunque su Gobierno comenzó una confrontación con los cárteles de las drogas, su estrategia fue ineficiente para detener tanto la influencia del narcotráfico como la criminalidad que arrastra consigo. Nadie culpa a AMLO del terrible legado de violencia que le heredaron sus antecesores. Pero la responsabilidad de encontrar una solución sí es suya. Para eso, entre otras cosas, lo eligieron 30 millones de mexicanos: Para tratar de resolver los desafíos más urgentes y abordar las asignaturas pendientes del País. Después de nueve meses en el poder, el 22 de agosto pasado, López Obrador tomó la responsabilidad del tema de la violencia: “No quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa”.

En este año, AMLO se ha negado a cambiar o ajustar su estrategia de seguridad: Su propuesta a largo plazo -más inversión social para enfrentar las causas de la violencia- no ha reducido el dominio de los cárteles, como reveló la captura y posterior liberación en octubre del hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, ni los asesinatos, como los de los miembros de las familias LeBarón y Langford en noviembre. Y su plan a corto plazo -la Guardia Nacional- fue reenfocado para disminuir la inmigración desde Centroamérica en lugar de concentrarse en detener a criminales y en liberar ciudades y carreteras.

Estamos de acuerdo en que el Presidente mexicano tiene entre manos un problema muy viejo, pero también debemos coincidir en que sí es su absoluta responsabilidad implementar acciones, mecanismos y estrategias para detener esta crisis de violencia. Si en su primer año no dio resultados, debe cambiar su plan de seguridad, despedir a los funcionarios que no asuman su deber de encontrar soluciones para el problema, como cualquier Jefe de Estado.

Todos queremos que le vaya bien al Presidente y que cumpla con lo que prometió. Esa promesa es a partir de hoy. Pero lo que hemos visto hasta ahora son solo muertos, secuestrados y desaparecidos.

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