Más monopolio del poder

“Haiga sido como haiga sido”, la coalición Juntos Hacemos Historia ganó la mayoría simple en el 2021 y pésele a quien le pese tiene el derecho de disciplinarse a las órdenes de su líder, de no escuchar argumentos, de no cambiarle ni una sola coma a las iniciativas y de aprobarlas.

El uso del derecho de la mayoría es mera aritmética, pero dice mucho de quien lo ejerce. Desde el inicio quedó claro que Morena lo emplearía a rajatabla. No negociaría con la oposición en el Congreso, ni con los órganos autónomos, ni con los grupos sociales organizados, ni con los organismos de la sociedad civil. Ha habido alguna excepción a esta regla -la ley del outsourcing en la que se dio entrada a los empresariospero el sello de la casa ha sido el de la imposición. Ni parlamento abierto, ni experiencias internacionales, ni consulta a especialistas, ni incorporación de al menos una parte de la agenda de la oposición. Esto, a pesar de que ella, con 48% de los y las diputadas, representan a casi la otra mitad del pueblo. Hoy tenemos un Gobierno que excluye por vocación. Casi nadie tiene acceso a Palacio Nacional desde donde fluyen las órdenes a los muy disciplinados legisladores.

Ahora bien, en democracia no sólo importa cómo se usa la aritmética parlamentaria sino, también, para qué se usa. Y ¿para que se ha usado? Podría decirse que para bienestar del pueblo porque se aprobó una reforma para establecer el derecho de toda persona a la salud integral y gratuita, el apoyo económico a los discapacitados, la pensión universal a los adultos mayores y las becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares. Demos por bueno que estos nuevos derechos son exigibles (aunque no lo son) y preguntémonos para qué otra cosa se ha usado la mayoría.

La respuesta está a la vista. Para concentrar el poder, amasarlo y disminuir o eliminar los contrapesos. La mayoría parlamentaria se ha utilizado para capturar varios órganos autónomos e impedir su funcionamiento como contrapesos. Con nombramientos a modo de personas que ni siquiera cumplen los requisitos para ocupar el puesto (Rosario Ibarra en la CNDH); con reducciones presupuestales; con su eliminación del mapa (Consejo Consultivo Científico y Tecnológico); con su subordinación formal o real a las decisiones del Titular del Ejecutivo (Fonden).

La tendencia promete seguir. El 1 de octubre se envió la iniciativa de reforma energética y propone desaparecer o integrar a la CFE los organismos independientes que tenían autonomía del titular y representadonativos ción de expertos ajenos a la empresa (CRE, CNH y Cenace).

Ayer se aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal con todos los votos de la alianza morenista en favor. Cero negociación y una nueva concentración de poder a través de la obligación a los mayores de 18 años a registrarse ante el SAT. Como nunca se ha podido hacer la cédula de identidad y el INE tiene el control de la única credencial válida, ahora el Gobierno tendrá su propio registro.

También se aprobó el debilitamiento del principal contrapeso social eliminando o limitando la deducción de impuestos que se hacen a las organizaciones de la sociedad. No es ninguna novedad el desprecio que el Presidente les dispensa. Le parecen molestas por dos motivos. Primero porque las que se dedican a prestar asistencia a los más necesitados le quitan el monopolio de la dádiva social o el fomento a actividades culturales o científicas. Él quiere ser el único benefactor. Segundo, porque todo tipo de contrapeso es una afrenta al monopolio del poder que le gusta tener. Los análisis y expresiones de aquellas organizaciones sociales cuyo objetivo es producir estudios que muestran la inutilidad o daño de muchas políticas públicas, de las que vigilan el ejercicio del gasto público, de las que generan datos que difieren de los oficiales, de las que exhiben la corrupción y la impunidad o de las que inician movimientos para denunciar los abusos del Gobierno, han sido atacadas por todos los flancos: Legal, judicial, reputacional y financiero. Se agrede su labor y se descalifica a sus directivos e integrantes. Ahora se remata la embestida con la aprobación de la miscelánea fiscal que hará mucho más difícil su sobrevivencia.

Lo dijo con toda claridad: “¿Cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura? No, esa no es la función de las empresas. La función … es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones, y ¿cuál es la función del Gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones ¿cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función? Eso lo inventaron para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno.”

Faltan tres años. ¿Cuánta más eliminación de contrapesos?

María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.