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Columnas

La consulta

La SCJN dio a conocer la revisión de constitucionalidad sobre la consulta popular de los ex presidentes de México. El ministro ponente, Luis María Aguilar, sostiene que debe ser declarada inconstitucional.

Por Carmen Aristegui

La Suprema Corte dio a conocer ayer la revisión de constitucionalidad sobre la consulta popular acerca de los ex presidentes de México y cuyo solicitante es el Presidente de la República.

El ministro ponente, Luis María Aguilar, sostiene, en 43 cuartillas, que debe ser declarada inconstitucional.

La pregunta "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?" debe ser declarada inconstitucional, entre otras cosas, porque "no se puede someter a consulta la aplicación de la Ley".

El análisis no se centró exclusivamente en la formulación de la pregunta, sino en su relación con el contenido de la exposición de motivos expuesta por el Presidente.

El texto reseña los agravios, delitos, crímenes, actos de corrupción, abusos de poder que habrían ocurrido en México durante los sexenios de quienes gobernaron de 1988 a 2018. Eso le da pie al ministro para recalcar la obligación de las autoridades del Estado mexicano a denunciar y realizar investigaciones.

Destaca el énfasis que pone el ministro Aguilar en ese punto: "... Las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona -sea un ex presidente, ex funcionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona".

No se requiere ser muy suspicaz para concluir que, al enfatizar -con el subrayado que aquí se reproduce-, el ministro está diciendo, en pocas palabras, que si el Presidente de la República tiene conocimiento de todos los posibles ilícitos y conductas delictivas que pudieran haber sido cometidos por los ex presidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto y enunciados en la exposición de motivos de la petición firmada por el Presidente, está obligado a denunciar, con o sin consulta.

Si la Corte se limita a revisar los argumentos del ministro Luis María Aguilar y reduce su actuación al análisis del fraseo de esa pregunta, a nadie debería sorprender que se vote de forma unánime la inconstitucionalidad.

Si por el contrario, el máximo Tribunal de Justicia desarrolla un debate que trascienda al fraseo y se coloque en la dimensión histórica de los hechos que se narran en la exposición de motivos hecha por el Presidente, podría plantearse, entonces, una alternativa que permita desarrollar un nuevo proyecto que contemple la formulación de una nueva pregunta que sí permita que la sociedad mexicana se manifieste, con un sí o un no, respecto a rutas viables que permitan procesar, esclarecer, resarcir los miles de casos de graves crímenes en contra de la población que se han cometido en México y cuya dimensión tiene colapsado -y los ministros lo saben mejor que nadie- al sistema de justicia de este País.

El ministro en retiro José Ramón Cossío ha dicho que sí es posible que los ministros de la Corte puedan reformular la pregunta enviada por el Presidente, para tener otra que sí cumpla con los parámetros constitucionales.

Si la Corte opta por no declarar inconstitucional la pregunta del Presidente, que claramente lo es, para no desechar la consulta, sino elaborar otro proyecto que rescate la exposición de motivos -que nunca disoció el ministro Aguilar de la pregunta- que reformule la pregunta -para que cumpla los parámetros constitucionales- y permita que la sociedad mexicana se involucre en un ejercicio trascendente de democracia participativa, desde el cual se obligue a las autoridades, empezando por el Presidente, a actuar frente al cúmulo de ilícitos, crímenes y actos de corrupción que están descritos en la exposición de motivos.

La Corte no debería echar en saco roto la posibilidad de un ejercicio de esta naturaleza y propuestas como la de la "pregunta correcta", impulsada por un grupo de organizaciones y ciudadanos.

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