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Columnas Jaque Mate

Clausurados

El restaurante Porter de Polanco se encontraba a reventar cuando llegó un grupo de inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. 

Por Sergio Sarmiento

Era viernes de quincena por la tarde, previo al Día del Padre. El restaurante Porter de Polanco, en la concurrida zona de Polanquito, se encontraba a reventar cuando llegó un grupo de inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. 

“Hicieron una inspección y argumentaron que nuestros residuos no estaban bien clasificados, concretamente, que en un bote de basura de inorgánicos había una cáscara de plátano y además que el ruido estaba fuera de la norma. Sacaron un aparato para medirlo y nos dijeron que las voces de los comensales rebasaban los decibeles de la norma. No nos dieron ningún dictamen sobre esto. Solo fue verbal y ¡zas.! Había que desalojar a la gente y clausurar. Al día siguiente nos pidieron 150 mil pesos para quitarnos los sellos de clausura, los cuales les dimos y pudimos abrir”. 

Antonio Taracena, quien me cuenta la historia, fue durante décadas un respetado ejecutivo de la industria cementera. Tras retirarse se unió a un grupo de siete inversionistas para poner el restaurante.

“Apenas vamos recuperando la inversión después de siete años gracias al trabajo intenso de la gente que colabora con nosotros”. El restaurante, me asegura, “opera con todos los permisos que se requieren”.

Aun así, este viernes pasado, 21 de junio, llegó un nuevo grupo de inspectores “a la misma hora” y de “la misma secretaría a decirnos que los sellos anteriores estaban ‘mal quitados’ y que tenían que volver a ponerlos. Llegaron el viernes por la tarde y piden desalojar, exactamente igual que la semana pasada. No respetaron el acuerdo que hicimos. Ciento cinco empleados se quedan sin ingresos el fin de semana y sin saber hasta cuándo abriremos nuevamente”. 

Los restauranteros de Polanco han tenido que acostumbrarse a las extorsiones. Ha surgido un grupo de “activistas” que las han convertido en un negocio. Azuzan a los vecinos en contra de los restaurantes y después ofrecen a estos sus servicios de abogados para “defenderlos”. 

Los funcionarios gubernamentales son los extorsionadores que cuentan con mejores armas a su disposición.

“Hace unos seis meses, en un fin de semana similar de buena venta, llegaron gentes del Invea también a clausurarnos porque nuestro uso de suelo era incorrecto’. Pusieron los sellos y para quitarlos nos pidieron 300 mil pesos. Finalmente, unas horas después el asunto se arregló con un pago de 160 mil pesos. [Pero] este restaurante tiene el uso de suelo correcto desde hace 20 años”. 

El restaurante ha sufrido también intentos de extorsión por parte de criminales que han exigido pagos por protección. Las autoridades capitalinas, sin embargo, sí actuaron en ese caso para investigar y proteger al establecimiento y a sus trabajadores. 

Otros dueños y trabajadores de restaurantes de Polanco y de la Condesa, las dos zonas más populares para este giro en la Ciudad de México, me han contado historias similares. La diferencia es que hoy una víctima se atreve a dar la cara. 

El Gobierno capitalino debe entender que nunca generará la actividad económica, los empleos y la prosperidad que desea si sigue permitiendo la extorsión a los negocios.

Tiene que haber reglas claras y razonables de operación; pero una vez que estas se cumplan, la autoridad no puede permitir que sus funcionarios los extorsionen. 
Torturado

El video de un detenido torturado por Carlos Gómez Arrieta, entonces jefe de la Policía Ministerial de la PGR, confirma el trato que sufrieron algunos de los acusados de secuestrar a los normalistas de Ayotzinapa.

La propia PGR de Jesús Murillo Káram aplicó el protocolo de Estocolmo a varios que dijeron haber sido torturados. El caso, sin embargo, tiene muchas otras pruebas y testimonios que no deben descartarse. 

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