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Columnas

Cerro de La Campana

La disputa legal alrededor de las candidaturas comunes de 10 diputaciones locales de Sonora ha desatado un conflicto que intensifica los ánimos, que ya están encendidos a 15 días de los comicios

Por Cerro de la Campana

La disputa legal alrededor de las candidaturas comunes de 10 diputaciones locales de Sonora ha desatado un conflicto que intensifica los ánimos, que ya están encendidos a 15 días de los comicios.

Con la resolución del Tribunal Estatal Electoral, que ordena al Instituto Estatal Electoral (IEE) dejar sin efecto el acuerdo donde se aprueban 10 candidaturas comunes a diputaciones locales de Morena, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, ha generado una confrontación política.

Ante los recursos de apelación promovidos por el PRI y PRD, en el Tribunal se determinó que deben quedar sin efecto esas 10 candidaturas bajo el argumento que Nueva Alianza en sus estatutos tiene que no se debe exceder al 35% las candidaturas comunes y esas 10 diputaciones representan el 47.61%.

Esa decisión salió con el voto a favor de la magistrada Patricia Salazar Campillo y el magistrado presidente Leopoldo González Allard; en contra estuvo el magistrado Vladimir Gómez Anduro.

Esta batalla seguirá porque por un lado los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia en Sonora -con sus dirigentes Adolfo Salazar (Morena), Omar del Valle (PVEM), Ramón Flores (PT) y Jesús Ceballos (Panal)- advierten que darán la pelea legal y sus candidatos seguirán en campaña.

Por su lado, los diputados locales del PAN, a través del legislador Eduardo Urbina, señalaron que pedirán al INE que ejerza su facultad de atracción de la elección de la gubernatura y la remoción de la consejera presidenta del IEE, Guadalupe Taddei, porque consideran que sobrepasó sus atribuciones.

Se trata de un asunto de alto interés para todos los partidos porque lo que se defina incidirá en las diputaciones plurinominales, por lo que los órganos electorales tienen un caso complejo en Sonora.

Ni una señal de cambio se ve en el problema de la violencia en Cajeme, al contrario, ya que este municipio se coloca nuevamente en el primer lugar nacional con más aumento en los homicidios en el País.

A pesar de las estrategias de los tres niveles de Gobierno, de los trabajos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, los operativos especiales y muchos anuncios más, eso no se refleja en los registros ni en lo que viven los cajemenses.

Los datos dados a conocer ayer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, es que en el primer cuatrimestre de este año Cajeme incrementó el número de homicidios dolosos en 17.3%, pues pasó de 132 casos de enero a abril de 2020 a 180 en ese mismo periodo de este año.

Esos son los números fríos, pero detrás de esa estadística están las vidas de jóvenes, mujeres y ciudadanos que fueron alcanzados por las balas de enfrentamientos armados que desde hace años se registran en medio de sitios públicos y a plena luz del día.

Esa violencia alcanzó a quien fuera procurador de Sonora y candidato a la alcaldía por MC, Abel Murrieta Gutiérrez, cuyo caso trascendió a nivel nacional porque se dio en pleno acto de proselitismo. Sonora continúa dos semanas más en semáforo verde por el bajo riesgo de contagios de Covid-19, lo que es una buena noticia para las familias, los sectores productivos y las autoridades.

Con esto sigue en el grupo de las 16 entidades del País que están en verde, mientras que 15 están en amarillo y sólo Quintana Roo está en alto riesgo, en naranja, de acuerdo con Salud federal.

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