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Castigar a inocentes

Catorce años después un juez le ha otorgado la libertad condicionada, lo cual significa que podrá estar en su domicilio, pero con restricciones.

Por Sergio Sarmiento

Los gobiernos suelen procesar a inocentes para ocultar sus propias responsabilidades. Esto le ocurrió a Alfredo Maya Ortiz, dueño y gerente de la discoteca News Divine, quien fue el único encarcelado por la tragedia del 20 de junio de 2008 que dejó a doce personas muertas, entre ellas a varios menores de edad, a pesar de que no tuvo ninguna responsabilidad en el operativo policial que ocasionó los fallecimientos. Catorce años después un juez le ha otorgado la libertad condicionada, lo cual significa que podrá estar en su domicilio, pero con restricciones. Su sentencia total es de 24 años y nueve meses.

Uno podría pensar que una sentencia así sería justa para un hombre que supuestamente provocó la muerte de doce personas, incluyendo a varios menores que acudieron ese 20 de junio a la News Divine a celebrar su fin de cursos en una tardeada. Sin embargo, Maya Ortiz no tuvo ninguna responsabilidad. Tan es así que no se le acusó de homicidio ni doloso ni imprudencial, sino de “corrupción de menores”. Pero ¿cómo corrompía menores este hombre? Según las autoridades, en la discoteca se sirvieron bebidas alcohólicas, al parecer cervezas, a algunos menores durante la tardeada, pero esto nunca se comprobó.

Tanto Maya Ortiz como el personal de la discoteca afirmaron siempre que en el News Divine no se servían bebidas alcohólicas a menores. Hay fotografías de letreros que claramente señalaban esta prohibición; los testigos declararon que se pedía la credencial de elector antes de servir alcohol. El juez 19º de lo penal que llevó el caso, Prudencio Jorge González Tenorio, reconoció que no había pruebas de que se hubiera servido alcohol a menores, pero declaró en su sentencia: “Aun cuando de manera directa no hubiere proporcionado las bebidas o permitido el ingreso al local de menores de 18 años, su actuar se constituye en la directriz facilitadora para que los menores pudieran embriagarse”.

No hay ninguna indicación de que alguno de los jóvenes estuviera embriagado, pero eso tampoco importó. El juez tenía la consigna de dar una sentencia ejemplar a alguien, que no fuera una de las autoridades que ordenaron el operativo o de los policías que lo llevaron a cabo, ante la indignación popular por las muertes de esa tarde. El alcohol, sin embargo, no tuvo nada que ver con la tragedia. Esta fue provocada por un operativo policial cuyo aparente propósito era extorsionar a los menores. Fueron los policías quienes irrumpieron en el lugar, quienes obligaron a los menores a salir por un pasillo estrecho, quienes cerraron las puertas para que no se escaparan cuando se llenaron los vehículos en que serían trasladados a la delegación Gustavo A. Madero; provocaron así el hacinamiento que asfixió a las víctimas. Maya Ortiz sólo trató de tranquilizar a los jóvenes y hacer que abandonaran el lugar de manera ordenada.

Él fue, sin embargo, el chivo expiatorio con el que las autoridades pretendieron haber hecho justicia. Pero ¿qué justicia puede haber cuándo a nadie se ha castigado por el operativo criminal y sí se condena a 24 años de cárcel a alguien que no tomó ninguna de las medidas que provocaron la tragedia?

Vivimos en un país extraño. Los responsables de las muertes nunca pisaron la cárcel. A Maya Ortiz se lo condenó a 24 años de prisión por ser “directriz facilitadora para que los menores pudieran embriagarse”. Supongo que ser “directriz facilitadora” para que un joven beba una cerveza es un crimen más serio que matarlo.

PAZ MUNDIAL

Se echó para atrás otra vez el presidente López Obrador. Afirmó ayer que su discurso del próximo 16 de septiembre ya no será sobre la política energética sino sobre la paz mundial. ¡Qué bueno! Había un riesgo serio de que, en aras de defender la soberanía energética, el mandatario destruyera el T-MEC. Mejor que hable de la paz mundial.

Sergio Sarmiento es periodista y analista político/ comentarista de televisión.

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