Reforma judicial

¿Quién piensa que nuestro sistema judicial funciona? Quizás algún empresario con mucho dinero y que jamás ha perdido un litigio. ¿Quién piensa que en México se hace justicia? Definitivamente la activista Natalia Lane no, ya que un juez dejó libre al agresor que casi la mata en un hotel. ¿Quién cree que no hay corrupción en el Poder Judicial o que la Suprema Corte es un poder cercano a la gente? Morena tiene toda la legitimidad para hacer una reforma judicial que mejore la justicia en México. Sin embargo, la reforma que proponen podría crear nuevos problemas y especialmente pone en duda la autonomía e independencia del Poder Judicial.

El pasado jueves se llevó a cabo el primer foro para la reforma judicial en México. Vi las más de tres horas y media que duraron las participaciones. Honestamente me parece un muy buen ejercicio, pero hasta ahora mal ejecutado. Es más que deseable que los ganadores de la elección se sienten a escuchar a los integrantes del Poder Judicial, ya que esto tiene el enorme potencial de ser un ejercicio deliberativo, pedagógico y muy necesario. Sin embargo, el formato fue acartonado, con intervenciones de 5 minutos para los ministros y sin debate. Sólo fueron largos posicionamientos de los que rescato el del ministro Javier Laynez, quien reconoció la necesidad de una reforma judicial y fue autocrítico. La ministra Norma Piña fue conciliadora al mencionar que “compartimos el objetivo de mejorar la justicia”, mientras que el ex ministro Arturo Zaldívar tuvo un tono de confrontación bastante elevado y que no ayuda a la negociación de la reforma. Es innecesario. Morena ya ganó esa discusión.

Los foros por la reforma judicial deben poner las preguntas necesarias y valorar la experiencia de otros países. Al respecto, mucho se ha hablado del caso boliviano, donde se eligen los ministros de la Corte y se toma como una experiencia fallida. En efecto, son pocos los países donde hay elección de ministros de la suprema corte y de jueces federales. Sin embargo, en Japón, Suiza y en EU hay elección por votación directa de jueces y ministros y esas experiencias deben ser revisadas a cabalidad para no caer en los vicios que allá ocurren.

Un muy buen estudio del Centro Brennan para la Justicia, de la Universidad de Nueva York, hace un análisis comparado de la forma en la que se elige a los ministros de las cortes de los 50 estados de la Unión Americana. Allá 22 estados eligen por votación directa a los ministros de las supremas cortes estatales y 19 más tienen un sistema de nombramiento público, pero después un sistema de votación para retener el cargo. Es decir, hay procesos de elección en 41 de 50 estados. Irónicamente los estadounidenses decidieron instrumentar el proceso de votación directa a fines del siglo XIX bajo el argumento de que la justicia estaba politizada y de que no necesariamente llegaban a las cortes y a los tribunales las personas más competentes, sino las que mejor relación tenían con los gobernadores. Eso mismo ha pasado aquí con la designación de ministros. Al final han llegado cuates y cuatas de los presidentes en turno, a pesar de no ser perfiles idóneos.

Hoy en EU hay una discusión que busca que se revierta la elección de jueces. La elección directa no mejoró la justicia y sólo metió el ruido adicional del dinero y de los intereses corporativos. Las elecciones judiciales cuestan millones de dólares y con ello se elige a ministros que luego se deben a sus donantes. Así se creó el efecto perverso de someter la autonomía judicial al dinero. Esto mismo podría pasar en México, creando justo el efecto contrario de lo que busca la reforma judicial.

Una reforma judicial que no toma en cuenta a las fiscalías está incompleta. Una reforma judicial que sólo ponga el énfasis en elegir a los ministros de la Suprema Corte por voto directo sólo favorecería a los actores con poder económico que pudiesen influir en las contiendas. En los foros se puede enmendar cualquier reforma que suene a venganza y que no piense realmente en transformar el Poder Judicial.