Luz de entendederas

Si algo une a Joe Biden y a Donald Trump, los candidatos presidenciales en Estados Unidos, es su deseo de imponer barreras a los productos chinos. La carrera proteccionista la empezó Trump, pero Biden la ha continuado. Su Gobierno anunció este 14 de mayo una serie de aumentos importantes en los aranceles a vehículos eléctricos, baterías avanzadas, paneles solares, acero, aluminio y equipo médico. Biden y Trump parecen estar compitiendo por ver quién golpea más a China. Lo que es malo para los consumidores estadounidenses, que tendrán que pagar más por estos productos, y para la economía mundial, que se asfixia con el proteccionismo, puede terminar beneficiando a algunos países que podrían recibir inversiones que las empresas internacionales ya no pueden hacer o mantener en China.

México es el candidato principal para esta reubicación, o “nearshoring”, pero ser el candidato ideal no garantiza que los flujos de inversión lleguen a nuestro País. Uno de los problemas fundamentales de México es la falta de electricidad. El presidente López Obrador ha menospreciado los apagones de este mes, que considera un “asunto transitorio”, pero los especialistas saben que el problema es de fondo.

El 13 de mayo, ante el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, apuntó: “Tan sólo para cubrir la demanda de energía actual, con el desarrollo económico cotidiano, para tener un sistema eléctrico funcional, se requerirían inversiones por unos 5 mil millones de dólares, entre proyectos de generación y transmisión, con necesidad de incorporar 3.5 gigawatts”. Esta necesidad de capital, sin embargo, no toma en cuenta las necesidades en caso de que se reubiquen en nuestro País nuevas plantas de producción. “Si se considera el desarrollo de inversiones derivadas del “nearshoring”, se necesitarían unos 6,400 millones de dólares anuales para impulsar proyectos de transmisión y generación por 4.5 gigawats”.

¿Cuánto puede invertir la CFE? En el primer trimestre de 2024 tuvo una pequeña utilidad neta de 1,869 millones de pesos. En 2023 logró una ganancia importante, de 116,469 millones de pesos, la más alta en una década. En los tres años anteriores registró pérdidas por 50,671 millones de pesos en 2022, 95,371 millones en 2021 y 46,780 millones en 2020. Antes de 2023 el último año con ganancias fue 2019, con 3,214 millones de pesos. Sumando y restando, en lo que va de este sexenio, y hasta el primer trimestre de 2024, la CFE ha perdido 71,270 millones de pesos.

¿Cómo haría el Estado mexicano para financiar una inversión anual de la CFE de 6,400 millones de dólares o 108,160 millones de pesos al tipo de cambio de ayer? ¿Aumentaría más la deuda pública o le quitaría más recursos a educación y salud? Una parte importante de esta inversión debe hacerse en transmisión y distribución, campos en los que nuestra conservadora legislación no permite la inversión privada.

En generación sí, aunque con ciertas reglas, pero el presidente López Obrador la rechaza por razones ideológicas. México es el favorito para llevarse la tajada más importante en la reubicación industrial provocada por el neoproteccionismo estadounidense, pero para eso necesitamos luz, y no sólo en inversiones de generación y transmisión de electricidad, y en plantas de energía solar y eólica que exigen las empresas internacionales para cumplir con sus compromisos ambientales, sino sobre todo luz de entendederas. No podremos salir adelante con un Gobierno cuyos economistas piensan todavía como Luis Echeverría.

LENIA

En su afán de quedar bien con AMLO, la ministra Lenia Batres presentó ayer un proyecto en la Segunda Sala de la Suprema Corte para revocar las suspensiones que han impedido al Gobierno apropiarse de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Esta vez hasta Yasmín Esquivel se unió a la mayoría, que desechó el proyecto por cuatro votos contra uno.