Política baja en calorías

Y de repente el incipiente fantasma del 2017 resurgió.

Era la toma de las instalaciones de la sub Recaudación de Rentas, por parte de operadores de Uber, Didi y Rappi, quienes exigían diálogo con las autoridades, por la criminalización de sus actividades.

En la memoria reciente estaban las manifestaciones que hicieron de Mexicali el centro de la rebelión política, cuando un grupo de cachanillas tomaron esas mismas instalaciones en protesta por el reemplacamiento innecesario que se había decretado por el gobierno estatal, encabezado por Kiko Vega.

Algunos pensaban que esa historia podía repetirse el pasado miércoles. Pero no, las demandas eran radicalmente diferentes, los grupos afectados eran reducidos, y el incipiente movimiento duró apenas 24 horas, luego de cinco denuncias penales y el desalojo en el que participaron decenas de agentes estatales.

Aunque el tema no pasó a mayores, de nueva cuenta faltó el manejo político y de comunicación que previniera este movimiento. Nadie salió a tiempo a explicar que el decreto que aprobaron los diputados iba en contra de los cerca de 5 mil taxistas “piratas” principalmente en zona Costa que no son de plataformas.

No se socializó y explicó que los taxistas de Ubers y Didis y demás no podían ser detenidos, porque hay un proceso en marcha donde las plataformas antes que los choferes deben cumplir con el registro.

Si bien, el pulpo transportista presionó mucho contra las plataformas a cambio de aceptar el Instituto de Movilidad, también era cierto que se tenía margen de maniobra, pero el tema de la cárcel y criminalización se dejó crecer con las consecuencias que se vivieron.

La regularización no daba miedo, el problema fue meter el tema de las penalidades y hasta la cárcel contra operadores.

Los inconformes fueron escuchados por un subsecretario general de Gobierno y el director de Movilidad, y removidos por decenas de policías.

La lectura política del alcance de la manifestación se hizo, en ese momento, y contrario a lo tradicional, el desalojo se llevó a cabo al medio día y no en la noche o madrugada.

Es prematuro saber si eso se traducirá en un revés en las urnas.

Lo que sí es evidente y se puede observar fácilmente es que esta administración tiene varios frentes abiertos todavía: leyes Bonilla, moches, alza a los impuestos, dudas respecto a licitaciones de los programas emblemáticos, cambios recurrentes en el gabinete que no les da certeza ni seguimiento de programas medulares, un manejo cuestionable de la emergencia sanitaria, chantaje político para el pago del agua, falta de entrega de participaciones federales.

Agréguele lo político: distanciamiento con funcionarios federales, diferencias y fisuras con la fracción parlamentaria de Morena, que les impediría pasar propuestas como reestructuración de deudas e incluso créditos.

Otro de los conflictos a los que se enfrenta la actual administración, es querer atender todos los problemas de la capital, desde la “no capital” Tijuana, con los riesgos de la falta de tacto y tiempo político que eso conlleva.

Una imagen quedó para el recuerdo el jueves del desalojo de los manifestantes de la sub recaudación de Rentas: el gobernador, Jaime Bonilla fumando pipa, cruzado de pierna, acompañado del secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, con un grupo de abogados que quieren que se abran los juzgados. Todos plácidamente sentados en un balcón del fresco Tijuana.

A distancia los problemas se ven y se atienden de manera distinta, con mucha ligereza.

La verdad sea dicha.

*La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.