Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica

México cuenta con un total de 385 mil policías. De ellos, 76% son policías municipales y estatales.

95% del total de delitos que se comenten en el país son del fuero común, responsabilidad de estados y municipios.

Consecuentemente, un modelo ideal de seguridad pública debe priorizar el desarrollo y capacitación de las policías locales, al día de hoy muy disímbolas en el país en relación a sueldos, seguridad social, equipamiento y capacitaciones.

Más allá del avance y consolidación de la Guardia Nacional, o la utilización de militares para pacificar el país, debe existir una estrategia nacional para fortalecer a las policías locales, mismas que históricamente han quedado a merced de las voluntades políticas de alcaldes y gobernadores en turno.

Actualmente, vemos más voluntad y recursos para el avance y la consolidación de la GN, o la intención de utilizar militares hasta el final del sexenio, que para reforzar el avance de las policías locales.

En abril 2019, el Secretario de Seguridad Pública Federal presentó ante el Congreso la llamada Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En el documento, se incluye un Modelo Nacional de Policía para los tres órdenes de gobierno, homologando los 33 estados, y contextualizando las necesidades locales estandarizando capacitación, profesionalización y dignificación policiaca, incluyendo la creación de una Universidad de la Seguridad Pública, mencionando claramente a las policías municipales como las más importantes del país, homologando sueldos y prestaciones no solo entre ellos, sino también en ministerios públicos y jueces.

En su momento, comentamos esta Estrategia Nacional como un documento completo, donde solo le hacía falta describir detalladamente la manera de implementarse, así como las asignaciones presupuestales.

El Modelo Nacional de Policía incluido en el documento fue modificado a Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en Julio 2019, donde Justicia Cívica incluye líneas de acción adicionales para la convivencia comunitaria, como lo son juzgados cívicos y audiencias públicas, con mecanismos de solución de controversias sociales, así como policía de proximidad.

Adicional a la implementación y desarrollo de la Justicia Cívica, el modelo nacional incluye un estado de fuerza óptimo por región con un enfoque de proximidad, fortalecimiento de las unidades de investigación de policías locales, esto novedoso para las policías municipales, así como el fortalecimiento de las unidades de asuntos internos y estrategias anticorrupción, fortaleciendo igualmente las unidades de análisis e inteligencia delictiva en policías estatales y municipales, condiciones laborales dignas, y profesionalización de carrera policial.

Adicionalmente al modelo, se tendrían que implementar los protocolos y capacitaciones para la aplicación de la ley del uso de fuerza, que regular las actuaciones de las policías en la detención de delincuentes, y el registro de detenciones para darle transparencia a las aprensiones.

Hasta aquí los modelos lucen sumamente atractivos y con alcances a largo plazo para solventar los problemas de violencia que viven los municipios, no solo emancipando y dignificando a nuestros policías, sino también en la aplicación de las unidades de asuntos internos anticorrupción y uso de la fuerza que solventaría los problemas actuales de corrupción y abuso policial que se han dado en varias ciudades de la República, incluyendo Tijuana.

Sin embargo, a la fecha, el MNPJC ha arrancado parcialmente en muy pocos municipios del país, donde BC no ha participado.

Es importante gobernador, alcaldes y fiscal general en BC tomen acción en el tema, por el bien de nuestros policías y la paz de nuestra sociedad.

*El autor es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.