El dilema de las casetas de vigilancia

Más allá de la premisa de que los fraccionamientos o residenciales cerrados son la privatización del espacio público, estamos obligados a analizar el contexto que conlleva a tener estas colonias privadas (tanto las más elitistas como las de clase media-baja), como es el caso de la seguridad pública y privada, el reordenamiento territorial, los usos de suelo, la regulación administrativa y operativa de las casetas de vigilancia, los servicios públicos y hasta la segregación social.

Mi análisis es periodístico a partir de la lectura de estudios académicos hechos por diferentes autores en BC, Sonora y Chihuahua sobre los residenciales en ciudades fronterizas (Jesús Ángel Enriquez de la Universidad de Sonora, Juan Carlos Esqueda de El Colef, Enriquez, Palomares, Fitch y Chávez); antepongo esto porque cuando a una sociedad que siempre ha estado polarizada (esto no es obra de AMLO) le trastocas sus privilegios se encienda y vuelve irracional.

Un sector de la comunidad mexicalense y el gobierno morenista avivaron el debate sobre la regulación de las casetas de vigilancia de los fraccionamientos privados por la creación de un reglamento municipal de las casetas de vigilancia y acceso, porque curiosamente este tipo de nichos poblacionales con al menos dos décadas de operación en la capital de Baja California carecían de una normatividad municipal para el funcionamiento de sus sistemas de vigilancia, pues funcionaban, principalmente, bajo lo que establecían las mismas desarrolladoras de vivienda, toda vez que estos residenciales se expandieron sin más restricciones que las que el mercado inmobiliario se impone a sí mismo, aunque también lo hicieron con aval de los gobiernos municipales y estatal, en su mayoría con corrupción de por medio.

¡Calma!, queridos lectores residentes de este tipo de fraccionamientos, la culpa no la tienen ustedes y la columna no es contra ustedes. Todo se centra en el modelo de vivienda y “estilo de vida” que les vendieron. Aunado a que la inseguridad y violencia les orilló a buscar protegerse a como diera lugar, por ello las inmobiliarias idearon un concepto “californiano” dirigidos esencialmente a la clase media con la simbología mercadotécnica de la seguridad y el prestigio, ya que “promueven el encierro de las personas como una medida de seguridad y para proteger los espacios de uso común, por lo que los muros, los vigilantes, calles ordenadas y espacios de convivencia son los elementos que permiten otorgar esa seguridad” (Paloma res 2008 y Enríquez 2007).

Ahora el tiro en Mexicali se centra en las restricciones y condiciones que puso el reglamento aprobado la semana pasada para los fraccionamientos y casetas privadas. Desde hace más de un año regidores trabajaron con las asociaciones de vecinos porque estaban obligados a cumplir con la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en materia de regulación de las casetas presentada por la diputada Daylin García, quien además en febrero del 2023 exhortó a los Ayuntamientos a crear o actualizar sus reglamentos para la instalación, operación y administración de las casetas de vigilancia en los fraccionamientos habitacionales.

El problema es que al final los trabajos de la regidora morenista Trinidad Castillo cayeron en la Comisión de Sergio Tamai, en donde todo se vuelve opaco e ineficiente.

La Red de Residenciales de Mexicali Zona Oriente y Poniente manifestaron su rechazo al señalar que el Gobierno Municipal desatendió sus peticiones en las mesas de trabajo y que resulta muy costoso el cumplir con 10 requisitos del reglamento, como el constituirse como asociaciones civiles (aunque la mayoría ya lo es), la elaboración de un proyecto arquitectónico, adquirir mejores cámaras de vigilancia, el permiso de ocupación de la vía pública, casetas con infraestructura y tamaño adecuado para el acceso de vehículos de emergencia y servicio, proyecto de control se acceso elaborado por Protección Civil y el programa de controles de acceso y caseta.

Cabe señalar que en los artículos transitorios de la nueva normatividad se establece que la Dirección de Administración Urbana tiene seis meses para comenzar a inspeccionar los fraccionamientos y que los residenciales privados tienen un año para cumplir con los requisitos, pues en caso contrario les destruirán las casetas.

Ahora la alcaldesa tendrá que entrarle al quite y definir una nueva ruta de diálogo y trabajo que su Cabildo “Netzista” abandonó o no clarificó.

Me queda claro que hay fraccionamientos que se mantienen de manera ordenada y buscan mejorar, pero hay otros que presionan para tumbar este reglamento para continuar en la anarquía.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: “Los fraccionamientos cerrados expresan una segregación basada en la condición social y económica de sus habitantes, no en términos étnicos, racionales o religiosos. En las ciudades fronterizas asumen diferencias cualitativas y cuantitativas importantes de acuerdo a la clase social a la cual están los conjuntos urbanos”.

FIASCO SEMANAL: ¿Qué pasará con las colonias que no son fraccionamiento, pero cerraron calles y bloquearon accesos con rejas como en Cataviña, Jardines del Valle y la 27 de Septiembre?.

*- El autor es periodista de Baja California.