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Tribunal australiano ordena a X borrar contenido sobre ataque con cuchillo en Sídney; Elon Musk se opone

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha criticado públicamente a Elon Musk, propietario de X, llamándolo “millonario arrogante”.

AUSTRALIA.- Un tribunal de justicia en Australia ha emitido una orden que requiere a la red social X la eliminación de vídeos y comentarios relacionados con el reciente ataque con cuchillo contra un obispo en Sídney. La solicitud fue presentada por Julie Inman Grant, comisionada de Seguridad Electrónica de Australia, y la orden estará vigente hasta que el caso sea nuevamente abordado por la justicia australiana el próximo miércoles.

La medida surge después de que X no colaborara con las autoridades australianas al no retirar el contenido solicitado sobre el ataque, a diferencia de la tecnológica Meta (Facebook, Instagram), que cumplió con la petición en un plazo de 24 horas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha criticado públicamente a Elon Musk, propietario de X, llamándolo “millonario arrogante” por su negativa inicial a eliminar las imágenes relacionadas con el ataque. Albanese ha afirmado que su gobierno tomará las medidas necesarias para enfrentar esta actitud, respaldando el trabajo de la comisionada de Seguridad Electrónica por proteger los intereses de los ciudadanos australianos.

El ataque ocurrió durante una transmisión en vivo de una misa en la iglesia asiria del Buen Pastor en el distrito Wakeley, aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste del centro de Sídney, cuando un adolescente de 16 años apuñaló al obispo Mar Mari Emmanuel, en un acto calificado por la Policía de Nueva Gales del Sur como un incidente terrorista con motivación extremista religiosa.

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Musk, quien ha declarado su intención de defender la publicación del contenido en cuestión en los tribunales, ha señalado que las publicaciones ya han sido censuradas en Australia pero siguen almacenadas en servidores en Estados Unidos. Expresó su preocupación sobre si medidas de censura en un país pueden tener repercusiones a nivel global, planteando la cuestión de la soberanía sobre el contenido en Internet.

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