Estados Unidos suspende la ley SB4 de Texas

ESTADOS UNIDOS.- Este lunes, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos dictaminó la suspensión temporal de la ley SB4 en Texas, la cual autorizaba a la Policía a detener y deportar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país.

La desición fue tomada luego de que el Gobierno del presidente Joe Biden interpusiera una demanda contra dicha legislación. El juez Samuel Alito, en respuesta a la demanda del Gobierno, ha detenido indefinidamente la entrada en vigor de la ley mientras se evalúan los argumentos presentados por ambas partes ante el tribunal.

La Administración Biden junto con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), ha llevado este caso al Tribunal Supremo, argumentando la inconstitucionalidad de la iniciativa.

La SB4, considerada una de las medidas anti-inmigrantes más severas en la historia del país, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero fue suspendida temporalmente por un juez federal a raíz de las demandas.

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Crimen y castigo

La ley SB4 establece como delito menor el intento o ingreso irregular de extranjeros al estado, con penas de hasta 20 años de prisión para reincidentes. Además, otorga a la Justicia estatal la facultad de ordenar la expulsión de personas sin necesidad de un proceso legal previo.

Asimismo, los oficiales de policía bajo esta ley tendrían la autoridad de arrestar a individuos sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país, con la facultad discrecional de expulsarlos a México en lugar de arrestarlos, capacidad que es exclusiva de autoridades federales de Estados Unidos.

Debate en curso

El fiscal de Texas, Ken Paxton, ha expresado su intención de continuar defendiendo la medida como parte de la estrategia de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott.

Por otro lado, los demandantes advierten sobre posibles casos de discriminación racial, especialmente contra la comunidad hispana.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, a cargo de la canciller Alicia Bárcena, rechazó cualquier iniciativa que criminalice la migración, la separación de familias, la discriminación o el perfilamiento racial que atenta contra los derechos humanos de las personas, que podría derivarse de la implementación de esta ley.

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