Reforma a Ley de Amparo en México cuestionada por Cámara de Comercio Internacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente aprobación por parte del Congreso mexicano de la reforma a la Ley de Amparo ha generado preocupación entre diversos sectores, incluida la Cámara de Comercio Internacional (ICC), que ha advertido sobre posibles violaciones a los derechos humanos y a instrumentos internacionales suscritos por México.

En un comunicado emitido este martes, la ICC expresó su inquietud respecto a cómo la reforma podría impactar la vigencia y efectividad de los derechos humanos frente a acciones presuntamente arbitrarias de las autoridades. Además, señaló que esta medida contradice compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comúnmente conocida como el ‘Pacto de San José’.

La reforma en cuestión busca prohibir que los jueces otorguen suspensiones generales a leyes, normativas, construcción de obras o actos de autoridades que podrían tener consecuencias sociales, económicas o que pudieran vulnerar derechos humanos. Ante esto, la oposición en México ha anunciado su intención de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la constitucionalidad de dichos cambios.

La ICC México ha instado a la SCJN a salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos y del entorno económico-financiero del país cuando las acciones de inconstitucionalidad lleguen a su consideración. En este contexto, la ICC reiteró su confianza en que el máximo tribunal de México velará por la defensa de la Constitución y los tratados internacionales.

Tijuana

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La organización también destacó la importancia de que las suspensiones judiciales puedan aplicarse de manera general para proteger a aquellos que carecen de los recursos necesarios para promover un juicio de amparo.

La ICC México ha denunciado que la reforma busca limitar el poder de los jueces y otorgar al legislativo la autoridad para determinar el alcance de las suspensiones, lo que podría afectar a decisiones relacionadas con políticas gubernamentales, como las reformas energéticas y proyectos de infraestructura, como el Tren Maya.

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Hasta la fecha, los jueces mexicanos tenían la facultad de decidir si las suspensiones debían ser particulares o generales en cada caso específico. Esta prerrogativa ha influido en decisiones relacionadas con reformas gubernamentales, lo que ha generado preocupaciones adicionales sobre el alcance y el impacto de la reforma a la Ley de Amparo.