No deja de sorprender y sobre todo preocupar la tensión que vive la Nación. Cada semana brota un nuevo motivo que abona más a la crispación ciudadana y la polarización política. A penas en la pasada colaboración destacábamos la división desatada tras la polémica liquidación de Luz y Fuerza del Centro; ahora tenemos la crisis legislativa que se está gestando en la discusión, debate y aprobación de la Ley de Ingresos 2010.
Lo que está ocurriendo no es cosa menor; expresa las profundas grietas que padece la unidad nacional, justo en los momentos en que más se necesita para enfrentar los graves rezagos del País. Uno de ellos es, evidentemente, el económico. La recesión mundial está golpeando a México más que a otras regiones: La declinación del PIB es una de las mayores del mundo; registramos el peor ritmo de crecimiento de América Latina; las exportaciones se desploman, así como las remesas y la inversión extranjera; el precio del petróleo sigue un ritmo caprichoso que dificulta las estimaciones de ingresos; el desempleo crece y, en general, la esperanza de que pronto las cosas mejoren se diluye aceleradamente.
Una consecuencia de estas adversidades es la contracción de la recaudación fiscal. Los menores ingresos durante 2009 han obligado a las autoridades a recortar el gasto por primera vez en muchos años. Lo peor es que, de seguir así las cosas, las autoridades estiman que tendremos un déficit inmanejable para 2010. Este ominoso horizonte exigía un programa económico a la altura de los aprietos por venir; sin embargo la propuesta oficial no resultó más que un parto de los montes, esto es, incrementar impuestos como siempre se ha hecho en situaciones de emergencia económica.
Las autoridades no han entendido la gravedad de la coyuntura –recordemos que algunos lideres de opinión, entre ellos el rector de la UNAM, han hablado ya de la inminencia de un estallido social; menos comprenden la dimensión de la problemática estrictamente económica. Su confusión y miopía son tantas que sólo ven en las turbulencias del momento un pasajero desequilibrio fiscal que se resuelve aumentando los gravámenes impositivos.
Con esta ceguera lo único que están consiguiendo es acentuar la irritación social. Se esperaba, cierto, que los diputados aprobarían sin mayores sorpresas el paquete habida cuenta del colaboracionismo con que frecuentemente actúa el PRI: Bajo el argumento de que se conducen con responsabilidad han aprobado iniciativas contrarias a sus principios ideológicos; pero por otro lado también campeaba la posibilidad de que lo objetarían debido al elevado costo político que implicaría. Lo que aprobaron priistas y panistas, representa un verdadero gatopardismo: Habría que reconocer que no prosperó el 2% de impuesto al combate a la pobreza; en cambio se elevó el IVA a 16%; fue el único ajuste que los priistas lograron pues el resto del paquete se mantuvo sin cambio.
La votación en el pleno se realizó el martes 20 y desde entonces el malestar ciudadano ha crecido progresivamente. No sólo los simpatizantes de la izquierda rechazan el galimatías en que se convirtió la Ley de Ingresos; también lo están impugnando las organizaciones empresariales.
Llaman la atención los argumentos que esgrimen los legisladores que votaron a favor del aumento en los impuestos. Por ejemplo, la diputada María Dolores del Río alegaba que lo hizo por responsabilidad y considerando las necesidades financieras de la hacienda federal; valdría la pena indagar qué entienden los representantes del pueblo por responsabilidad; desde otro ángulo el voto a favor se ve como una lamentable irresponsabilidad. No hay otra manera de definirlo si se toma en cuenta que ese voto está precipitando la inconformidad social.
Contra el aumento de los impuestos están los inversionistas, los trabajadores y empleados, y la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¿Por qué los legisladores se dejaron convencer por los tecnócratas de la SHCP cuando había otras formas de corregir el desequilibrio fiscal? Antes de aumentar los impuestos ¿por qué no eliminaron o redujeron el gasto suntuario? ¿Por qué no diseñaron una estrategia para incrementar la base gravable y reducir la evasión fiscal?
De nueva cuenta, planteamos la misma pregunta de la semana pasada ¿en qué estaban pensando las autoridades y legisladores cuando propusieron y votaron respectivamente la Ley de Ingresos? Pero qué necesidad de exponer al Gobierno al escarnio con medidas tan impopulares, como si legitimidad diera para eso.
Toca ahora a los senadores decidir qué hacer con el engendro aprobado por los diputados. El debate pudiera tener un desenlace imprevisto derivado de las múltiples connotaciones que carga el affaire legislativo Una de éstas se sitúa claramente en el terreno político. Si el Senado corrige el decreto se estarían perfilando varios candidatos a la Presidencia en el 2012.

Álvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora.