Hace unas semanas, a raíz de la decisión de Calderón para liquidar a la compañía que da servicio eléctrico a la capital y región aledaña, escribí: “El decreto que extinguió la compañía Luz y Fuerza del Centro debe pasar los más rigurosos exámenes legales y estar fundamentado en un alegato jurídico sólido, de lo contrario la acción de Felipe Calderón corre el serio riesgo de ser un petardo hueco que puede mellar un prestigio que parece en entredicho”.
El supuesto era que tanto el Presidente, como la secretaria de Energía y su cuerpo de asesores, tenían bien cimentada la estrategia legal y sus intríngulis, así como una idea más o menos reflexionada sobre los escollos que encontrarían y las formas previstas para resolverlos.
Este supuesto parece elemental: Ante una previsible crisis quien ejerce funciones de dirigencia, debe prever las posibles ramificaciones del problema, y prepararse, y disponer con esmero el trabajo que se debe realizar para afrontar el aprieto y salir de él con una buena medida de éxito o, al menos, habiendo reducido lo más posible los daños, si son inevitables.
Eso es lo menos que se esperaría de quien luchó y bregó para ser el primer mandatario, en circunstancias harto complejas y muy discutidas. Si se entercó en llegar al puesto que ocupa, debería tener una idea, al menos sólida, de lo que se espera de su posición…
Pero su desempeño apunta más bien a que no se preparó concienzudamente para un pleito que sería, no había manera de evitarlo y sí se podía prever, muy pesado, complejo y crítico para su administración (casi lo mismo puede decirse de su decisión de atacar frontalmente a la estructura del narcotráfico: Se metió en una cueva de leones, nos arrastró a todos a la misma oscuridad, y da la impresión de que no se sabía la ferocidad de la respuesta del crimen organizado).
Desde el punto de vista del Derecho hay, por lo menos, una controversia, y un Juzgado federal ya admitió una suspensión provisional en contra de la liquidación de la compañía. A pesar de que Luz y Fuerza estaba en proceso de extinción desde hace tres décadas, no parece haber habido un estudio serio, de carácter jurídico y laboral, sobre las complicaciones que traería una decisión tal.
Pero tampoco hubo, al parecer, un plan estratégico para asegurar que el servicio de electricidad se siguiera proveyendo al área metropolitana y estados vecinos, que son todavía la mayor acumulación de usuarios, tanto domiciliarios como industriales, del País. Afectarlos implica poner una traba más en tiempo de crisis, sobre todo para el sector manufacturero y de servicios que representa el porcentaje mayoritario del conjunto nacional.
Se han sucedido “apagones” y faltas de suministro por todo el Distrito Federal y estados vecinos. Algunas asociaciones de fabricantes hablan de pérdidas millonarias. El sindicato se deslinda y dice que no se siguió dando mantenimiento a unas instalaciones que son ya demasiado viejas y aun obsoletas. Eso apunta a que la compañía no había renovado sus equipos por mucho tiempo ya; también señala que ni el Ejecutivo, ni sus asesores, ni la misma Compañía Federal de Electricidad que iba a tomar la responsabilidad de suministrar el servicio, tenían una idea clara y suficiente de la magnitud del problema. No hubo planeación, que es lo mínimo que se le debe pedir a una instancia de Gobierno.
Tampoco parece haber habido una previsión de la combatividad de un sindicato que lleva muchos lustros peleando. Y menos aún que tal organización iba a suscitar algún tipo de solidaridad con partidos y con otros sindicatos que tienen años ya, no viendo sólo lo duro, sino también lo tupido.
Hasta ahora, todo apunta a que la decisión de liquidar Luz y Fuerza fue tomada sin planeación y sin reflexión, lo cual puede sustentar la hipótesis de que en este Gobierno se administra privilegiando el autoritarismo y la voluntad como, casi, los únicos factores de decisión. Parece que se cree que basta la decisión del mandatario para que todo suceda… Se trata de un presidencialismo anacrónico, lo que en la realidad deviene un no muy sólido “ahi se va…”.
Se gobierna al desgaire, pues; ya deberían haber aprendido…

Ernesto Camou Healy
Dr. en Ciencias Sociales. Mtro. en Antropología Social y Lic. en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.
Correo: e.camou.h@gmail.com