La reforma fiscal profunda es inevitable y ahora mismo debe iniciar su discusión. Lo irresponsable, lo que atenta contra los intereses del País, es seguir dándole largas. Los parches, como ocurrió con el Presupuesto de Ingresos 2010 y va a suceder con el de Egresos, son aberrantes. No sirven al Gobierno, a los partidos y a los ciudadanos. A nadie dejan contentos y sí a todos frustrados y molestos.
Desde hace doce años, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, la construcción de la Ley de Ingresos y Egresos concentra y polariza una discusión que cada vez se vuelve más bizantina. Este ejercicio, año con año, sólo sirve para dejar al descubierto la miseria de la política mexicana y de sus actores que siempre ponen por delante sus intereses particulares y cortoplacistas a los del conjunto y el largo plazo.
Nunca hay un buen tiempo para hacer una reforma fiscal que implica, siempre es un componente, incrementar la carga tributaria y ampliar la base de los contribuyentes. La elección está sólo en elegir el momento que resulta menos malo. Éste puede ser el 2010 cuando la economía saldrá del crecimiento negativo y el PIB crecerá en un 3%.
Los partidos siempre ponen como pretexto que no pueden ir a una reforma fiscal de fondo porque el calendario electoral se los impide. Según ellos si están a favor de subir los impuestos necesariamente perderán votos y con ellos la elección. Esta racionalidad estuvo presente en la discusión de la Ley de Ingresos donde el PRI en el Senado se abstuvo de votar para no “cargar” con la decisión.
El actual sistema electoral, donde todos los años hay elecciones, actúa en contra de una reforma fiscal de fondo. Si bien es cierto en el 2010 habrá once elecciones para Gobernador, la presidencial será hasta mediados del 2012. Las de Gobernador tienen un ámbito propio y no serían afectadas por las decisiones que se tomen en materia fiscal y hay tiempo para que los partidos se “recompongan” en la presidencial.
Las fuerzas políticas del País, pero también la sociedad, deben asumir de una vez y por todas, como bien lo plantea Luis de la Calle, que “el régimen fiscal mexicano es altamente deficiente en su diseño y su implementación. Es de difícil cumplimiento, distorsionante, poco eficaz en la recaudación, costoso de operar, inestable y claramente no exitoso en términos de redistribución del ingreso”.
Las finanzas públicas han entrado, agravado con la pérdida de las reservas y producción petrolera, en una dinámica donde todos los días, entiéndase de manera literal, crece el costo de posponer la reforma fiscal de fondo que dé certidumbre, estabilidad y elimine, de una vez y para siempre, las inútiles y aberrantes discusiones anuales que sobre la materia tienen lugar en el Poder Legislativo.
La posibilidad de una reforma fiscal de fondo implica costos políticos. Llegó el momento de pagarlos. El ideal sería que todos los partidos se pusieran de acuerdo, no es tan difícil si se tienen voluntad política, pero hoy no se ve exista esta posibilidad en razón de visiones diferentes, pero sobre todo de la hegemonía de liderazgos políticos conservadores que se han fijado en el pasado.
Lo que parece posible es que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo y ofrezcan al País una reforma fiscal que sirva para los próximos 20 años. Eso sólo depende de ellos. Al inicio habría reacciones en contra, pero harían un gran servicio al País. La sociedad se los reconocería y ellos, al final, se harían de un nuevo capital político. Los partidos que se marginen serían los que saldrían perdiendo.
La reforma fiscal de fondo contempla: Un IVA universal y sin excepciones; una renta generalizada a tasa única; el cobro de todos los servicios públicos a lo que cuestan (el predial resulta fundamental); existan incentivos para que los gobiernos recolecten; se premie que los ciudadanos paguen. Supone también que el gasto se realice de acuerdo a las responsabilidades que la sociedad asigna a los gobiernos; que sea transparente y auditable; que no todo se destine al gasto corriente.
El aumento de la base gravable pero sobre todo la aplicación de un IVA generalizado y sin excepciones podría afectar la capacidad de compra de la población de los deciles con más bajo ingreso. En este caso se debe contemplar, es parte de la misma reforma fiscal, compensar esa pérdida con las trasferencias netas de recursos a estos grupos vía programas como el de Oportunidades.
La reforma fiscal de fondo en el corto plazo puede afectar la recaudación y elevar el déficit fiscal, es común que así ocurra, pero a partir del mediano plazo sin duda que va a ofrecer una mayor recaudación que necesariamente va a redituar en certidumbre, certeza para el Ejecutivo y también los mercados y pondrá fin a discusiones inútiles que tensan al País, lo polarizan y no conducen a ningún lado.

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Rubén Aguilar es profesor de la Universidad Iberoamericana.