Miguel Angel Haro, “debe en estricto cumplimiento legal, citar a declarar a los entonces diputados priístas que aprobaron el PSP, como fueron Manuel “El Maloro” Acosta, Carlos Daniel Fernández y Próspero Ibarra entre otros, así como a Humberto Valdez Ruy Sánchez –titular de la SIDUR-, y por supuesto a Eduardo Bours Castelo, el jefe de todos”.
“Desde el momento que el gobernador Padrés Elías habló de que la anterior administración dejó un déficit de mil 400 millones de pesos y que por esto, hay un estado de emergencia, el procurador debió requerirlo para integrar la averiguación correspondiente y deslindar responsabilidades”, agrega el abogado.
A la misma Procuraduría en su denuncia le pide “…requiera a todos aquellos funcionarios públicos que han estado denunciando irregularidades de la administración pasada a ejercer la obligación establecida en el artí***** 118 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora”.
La denuncia fue recibida el pasado 25 de noviembre y, ahora un ciudadano agraviado como muchos, espera que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora a través de su titular Abel Murrieta Gutiérrez, cumpla con
