El financiamiento adquirido por el Gobierno del Estado con Banorte es una deuda que se sumará a la actual, se apruebe o no el Plan Sonora Proyecta (PSP), afirmó el presidente del Colegio de Economistas.

Luis Núñez Noriega explicó que el Gobierno contrató un crédito con el banco, la cual es una deuda que se adquirió para iniciar las obras del PSP.

“En este esquema de Banorte se está contratando una deuda con el entendido que si los tribunales dan el visto bueno al PSP se salda esa deuda como el esquema planteado, si no tendrá que liquidarla”, puntualizó.

El crédito aprobado y depositado, según el gobernador Eduardo Bours, es de 4 mil 588 millones de pesos, los cuales se sumarán a la deuda de 5 mil 200 millones de pesos con la que cuenta Sonora, para sumar 9 mil 788 millones.

El economista admitió que la deuda del PSP no es mala si se sabe administrar, esto en el caso de ser aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“A través de mecanismos efi cientes como es la colocación de bonos en el mercado, ésa es la estrategia más socorrida por las grandes empresas para efecto de financiamiento”, destacó.

El Gobierno del Estado debe de aceptar ante la sociedad que el crédito de 4 mil millones de pesos otorgado por Banorte es una deuda pública, porque al fin de cuentas son los sonorenses quienes van a pagar, opinó Guillermo Noriega Esparza.

El integrante del Consejo de Vigilancia Ciudadano del Plan Sonora Proyecta (PSP) manifestó que no puede calificar la acción del gobernador Eduardo Bours como legalmente válida o no, pues se tendrá que esperar a que dictamine la Suprema Corte de Justicia.

“La Corte puede decir en dos días que estas prácticas son anticonstitucionales, eso lo sabe el Gobierno, el hecho de que hagan esta operación, es como decir ordeno violar la Constitución ahorita”, puntualizó.